Ciudad de México, 06 de mayo de 2020. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que el presidente municipal de Peto, Yucatán, vulneró los derechos de un campesino y defensor de las semillas fallecido al divulgar sus datos personales y probable causa de muerte señalando al Covid, y expuso a la estigmatización a su familia y a la comisaría de Xoy.
Lo ocurrido, de acuerdo con Indignación y ARTICLE 19, pone de manifiesto la ausencia de estrategias focalizadas para asegurar el derecho de acceso a información accesible, oportuna y culturalmente pertinente que permita disminuir contagios, respetando los derechos humanos y la dignidad de las personas contagiadas y sus familiares.
Las y los defensores recordaron que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ha señalado que los responsables del sector público y privado deben evitar la difusión pública no autorizada de información y datos personales de casos -posibles o confirmados- de COVID19, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) también se ha pronunciado al respecto, señalando el derecho a la privacidad y protección de datos personales para asegurar un trato digno y humano a las personas portadoras o en tratamiento del COVID19.
«Este caso pone de manifiesto la especial dificultad que encuentra el pueblo maya para el acceso a los servicios hospitalarios y el respeto a su derecho a la salud. La instalación de retenes y filtros sanitarios en las cabeceras municipales ha venido a obstaculizar y dificultar aún más que los pobladores de las comisarías puedan acceder a servicios médicos en las cabeceras municipales. Los familiares del campesino fallecido señalaron que, debido a un retén de ingreso, tuvieron que esperar un largo rato antes de poder entrar a Peto, la cabecera municipal donde se encuentran los principales servicios de salud. Esta dilación podría haber tenido consecuencias en el agravamiento de las condiciones del enfermo», consideraron las organizaciones.
Denunciaron que la instalación de filtros por parte de las autoridades municipales no ha sido hecha ni planeada en coordinación con los pueblos que podrían resultar afectados, y que este tipo de medidas contravienen las recomendaciones de la OEA que sostienen que las poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, como los pueblos originarios, deben tener accesibilidad oportuna a los sistemas de salud. Agregaron que los alcaldes no pueden sobrepasarse de las facultades que le concede la Constitución mexicana.
«Las organizaciones Indignación A.C. y Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica expresamos nuestra solidaridad con la familia del fallecido y con toda la comunidad de Xoy y exigimos el respeto al derecho a la protección de datos personales y al derecho a la salud de los integrantes de los pueblos mayas en el contexto de la pandemia de COVID19. Así mismo exigimos la reparación del daño por parte de las autoridades competentes por la estigmatización de la que fue objeto el campesino maya de Xoy y su familia al divulgarse información sensible relativa al COVID19», finalizaron.