Ciudad de México, 15 de abril de 2020. Decenas de organizaciones de derechos humanos denunciaron el hostigamiento de autoridades de Guelatao de Juárez, Oaxaca, contra la activista Miriam Pascual debido a la difusión de información sobre el Covid-19 en lenguas indígenas, y exigieron garantías para su labor.
De acuerdo con las y los defensores, el día 07 de abril de 2020, un grupo de policías municipales llegaron por la noche al domicilio de la defensora con el argumento de que debían retirarle los libros que formaron parte del Programa comunitario de fomento a la lectura “Lecturas encantadas”. Luego de que los policías se negaron a firmar de recibido el acervo, Miriam decidió no entregarlo.
En una llamada realizada por el fundador de Colectivo “Bene Leahj”, Luis Morales, al presidente de Guelatao de Juárez, Federico Hernández Ramírez, para pedir explicaciones, el funcionario mencionó que no era algo contra él, pero que “su pareja estaba realizando comentarios y sugerencias que no van”.
Recientemente, la defensora ha difundido las recomendaciones del Gobierno federal sobre Covid19 luego de que autoridades municipales realizaran dos eventos multitudinarios y de que apenas el 5 de abril comenzaran a tomar medidas. «El hecho de realizar criticar al mal manejo sanitario ante la pandemia, y la difusión de información culturalmente adecuada, molestó a las autoridades municipales por considerar que se le estaba contradiciendo», explicaron las organizaciones.
Miriam Pascual es zapoteca Bene Xidza de Guelatao de Juárez, directora general de YURENI A.C. y cofundadora -junto con Luis Morales- del Colectivo “Bene Leahj”, espacios desde donde han impulsado y ejercido el derecho a la comunicación indígena, así como acompañamiento en materia de derechos humanos a diversas comunidades de la Sierra Juárez sobre defensa del territorio, y periodismo comunitario; derecho a la consulta libre, previa e informada; derechos de las mujeres indígenas; desaparición forzada y trata de personas; y recientemente el derecho a la salud y la comunicación comunitaria frente al Covid19.
Las personas defensoras manifestaron su preocupación por este incidente debido al contexto de persecución a personas defensoras de derechos humanos, así como comunicadores indígenas en México, que ponen en alto riesgo el ejercicio de sus derechos.
«Destacamos que a pesar que ha habido diversas comunicaciones internas por parte de instituciones gubernamentales, así como organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, quienes han manifestado su preocupación con los hechos, desde el 8 de abril, no se ha recibido respuesta hasta el momento por parte del Presidente Municipal de Guelatao de Juárez Federico Hernández Ramírez2, denunciaron.
Las organizaciones resaltaron que no es la primera vez que Miriam Pascual y su equipo de trabajo son objetos de distintos incidentes de seguridad, pues diversos actores políticos se ven afectados por la promoción de los derechos humanos, justicia ambiental y acciones comunitarias que se realizan en esta región indígena.