- El Senado pedía su comparecencia para explicar la situación de los migrantes centroamericanos. 24 días después, dejó el cargo.
Existen posiciones encontradas respecto a la salida de la funcionaria del Instituto Nacional de Migración (INM) Cecilia Romero. Lo evidente, es que la coyuntura actual permitió mirar un inconsistente trabajo que no se apegó a los derechos humanos ni a la protección de las personas migrantes durante su gestión. En marzo de este año, diversas organizaciones que trabajan el tema de migrantes, entre ellas el Centro Prodh, participaron en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se informó del secuestro sistemático de migrantes en el país. Desde entonces, Felipe González, relator del tema migratorio, manifestó sus deseos de realizar una visita a México, misma que no ha sido agendada por el Estado mexicano.
De acuerdo con el Periódico La Jornada, el día de ayer renunció al cargo de comisionada del INM Cecilia Romero Castillo, tras el asesinato de 72 mujeres y hombres migrantes en el estado de Tamaulipas.
Funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG), aseguraron que ella debió dejar el cargo desde que se tuvo noticia de ese crimen –perpetrado el 23 de agosto pasado– no porque fuera responsable directa de la serie de sucesos que derivaron en el asesinato de los migrantes, sino por una cuestión institucional y debido a la magnitud de la masacre.
La resistencia de Romero a dejar el cargo provocó el enfrentamiento del grupo cercano al titular de la dependencia, Francisco Blake Mora, con el de la funcionaria dimitente, a pesar de que la funcionaria ocupaba un cargo menor en el organigrama de la SG. Se desconoce quien tomará el cargo que deja vacante.
Desde el año pasado la ahora ex comisionada –y también ex senadora– se había negado a presentarse ante el Senado. Ayer, el órgano legislativo acordó horas antes de su remoción su comparecencia para que explicara la situación de las agresiones, masacres y violaciones de migrantes.
El secretario de Gobernación, José Francisco Blake, al aceptar la renuncia de Cecilia Romero Mora, señaló que hay una etapa de transformación y modernización del INM, además de elogiar el esfuerzo realizado por Romero para capacitar a los agentes migratorios en materia de derechos humanos, acorde a los acuerdos internacionales signados en esta materia por el gobierno de México.
Por su parte, El Universal publicó que luego de un par de reuniones en Los Pinos y en la Segob, celebradas el lunes pasado, Romero fue notificada de ya no continuaría en el cargo al que llegó el 6 de diciembre de 2006. Ayer, la ex funcionaria se despidió de manera virtual de sus colaboradores por medio de una carta.
A pesar de las voces que la acusaban de promover una política de endurecimiento en las estaciones migratorias, y de las quejas por abusos de los agentes en las rutas de tránsito —como denunciaron en los primeros meses de esta administración distintas organizaciones—, Romero sobrevivió laboralmente a tres secretarios de Gobernación.
El actual titular de Gobernación no convocó a Romero a distintas reuniones relacionadas con el tema migratorio, o sólo era considerada como invitada, como ocurrió el 31 de agosto cuando presentó cinco líneas de acción para abatir los delitos contra migrantes. Ese día, Blake Mora dijo que harían a un lado lo que no funcionaba. Luego, cuando se le preguntó si Romero se iría, el funcionario respondió que lo estaban valorando.
En junio de 2009, el entonces presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, denunció que en el periodo comprendido entre septiembre de 2008 y febrero de este año, tenía documentados los secuestros de 9 mil 758 migrantes, unos mil 600 al mes o más de 50 por día.
Un mes después, Romero Castillo aseguró, en entrevista con El Universal, que el turismo sexual, tráfico de personas, comercio de mujeres, redes de pederastia, plagio y violencia contra miles de migrantes son “males de la humanidad que México no puede erradicar”. Romero dijo que en ese año había 300 agentes suspendidos, inhabilitados o cesados, y se defendía ante críticas por trata de personas o plagios de migrantes.
“Son sugerencias de la CNDH, no recomendaciones”, afirmó el 20 de mayo de 2010 en una de las últimas entrevistas que concedió, y en la que aseguró que se respondió en forma inmediata al problema con el ofrecimiento de visas humanitarias a los migrantes que denunciaran.
Las acusaciones siguieron. En enero de 2010, la PGR detuvo en calidad de testigos a 20 agentes del INM, adscritos al aeropuerto de Cancún, por el presunto delito de tráfico de indocumentados.
En mayo pasado, Romero admitió que en el instituto faltaba reforzar la capacitación y la sensibilidad de los agentes migratorios para detectar a víctimas de trata o de tráfico de personas y una mayor coordinación entre las dependencias para perseguir los delitos contra migrantes.
Según el Periódico Reforma, Romero arrancó desde hace algunos días los sondeos para lanzarse como candidata a la dirigencia nacional del PAN. El lunes pasado, cuando asistió a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional en la que aprobó la convocatoria para la elección a celebrarse en diciembre próximo, señaló que buscará ser la primera presidenta del blanquiazul, según panistas presentes.
Romero, ex presidenta de la Asociación Nacional Cívica Femenina (Ancifem), una asociación de corte religiosa que se opone al aborto, tiene fuertes vínculos con el ala más conservadora del PAN.
Al mismo tiempo, mantiene relaciones cercanas con el Presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala.
Además de Romero y de los ya destapados Gustavo Madero y Francisco Ramírez Acuña, valoran también registrarse como aspirantes a partir la senadora Blanca Judith Díaz y el ex secretario general adjunto del CEN, Jorge Manzanera.