Ciudad de México, 22 de octubre de 2019. El colectivo #FiscalíaQueSirva expresó su preocupación por el hermetismo con que se están dando los diálogos entre diversos actores políticos y del sistema de justicia para elaborar un conjunto de cambios legislativos que presuntamente “reformarían integralmente” el sistema de justicia, en contraste con el proceso participativo con el cual se configuró la actual Ley Orgánica que aún no cumple un año de haber entrado en vigor y no ha sido implementada en su totalidad.
«Hacemos un llamado al Fiscal Gertz Manero, a miembros del Senado y otros actores del sistema de justicia que han estado involucrados en estas pláticas a transparentar ante la opinión pública el sentido de las mismas. Igualmente, queremos señalar que consideramos que una reforma de esta dimensión y naturaleza carecerá en absoluto de legitimidad si no considera una participación amplia y adecuada de todos los sectores de la sociedad», advirtió la organización.
De ser cierta esta información, se estarían contraviniendo las disposiciones de la misma ley, pues en su transitorio décimo tercero, mandata a la persona titular de la Fiscalía a realizar “una convocatoria pública para la revisión del marco constitucional y jurídico de la Fiscalía General de la República”, que deberá de darse “ a la luz del Plan Estratégico de Transición y la experiencia acumulada en este proceso”.
Las personas defensoras de derechos humanos, académicas y activistas resaltaron que, al tratarse de una institución en vías de construcción, no contribuye a la confianza pública la opacidad con que se ha desempeñado el trabajo de la FGR durante este proceso de transición, «que se refleja y replica en lo relacionado al Plan de Persecución Penal, los nombramientos de las personas titulares de las Fiscalías especializadas y la elección del Consejo Ciudadano, mismos que evidencian el incumplimiento expreso del marco legal».
Las organizaciones articuladas en el colectivo #FiscalíaQueSirva demandan que la Fiscalía General de la República haga público el sentido de las conversaciones que ha estado sosteniendo con actores políticos y del sistema de justicia; que las y los senadores garanticen el principio constitucional de máxima publicidad y transparencia, lo cual implica dar a conocer de manera pública las reuniones sostenidas al respecto y el tipo de iniciativas que están preparando al respecto; y que las y los involucrados respeten y actúen dentro del marco legal construido para tal efecto, permitiendo la participación activa de sociedad civil en la construcción de un modelo de procuración de justicia efectivo.