Ciudad de México, 16 de octubre de 2019. México será examinado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU el 16 y 17 de octubre de 2019. Ante ello un grupo de más de cien organizaciones civiles hemos elaborado un informe conjunto que ya fue presentado ante el Comité y una pequeña delegación de sociedad civil tendrá reuniones con los expertos independientes en el contexto del examen para aclarar dudas sobre el informe presentado y acompañar el informe al Estado mexicano. El 1 de noviembre el Comité presentará sus Observaciones Finales en torno a México.
Cabe destacar que el Comité de Derechos Humanos es un cuerpo de expertos independientes que monitorea la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en los Estados partes del mismo. El mecanismo ordinario de seguimiento a la situación de cada país en el marco de esta pacto son informes presentados por el Estado parte cada cuatro años, ante los cuales la sociedad civil tiene la oportunidad de presentar informes sombra.
El informe que la sociedad civil mexicana presentó para este periodo de sesiones, incluye temas relevantes de nuestra agenda pública como militarización, situación de personas migrantes, temas de acceso a la justicia como la Ley orgánica de la FGR, prisión preventiva Oficiosa, desaparición forzada y a manos de particulares y derechos de las víctimas, entre otros.De la misma forma se abordan aspectos relacionados con el mecanismo de protección a personas defensoras y la consulta pública.
La participación de los militares en tareas policiales ha sido criticada por actores de sociedad civil de manera consistente durante los últimos 12 años y antes. Las OSC afirman en el informe que dicha medida no ha sido eficaz como estrategia de seguridad pública y señalan entre las expresiones del aumento en la violencia en estos años[1], la tasa anual de homicidios ha alcanzado niveles históricos en el periodo cubierto en este informe[2]. Al mismo tiempo señalan que la militarización incrementó el uso ilegal e indiscriminado de la fuerza, privaciones arbitrarias de la libertad, ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura[3]. Señalan que la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional resulta contraria al artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.[4]
También pusieron el énfasis en la situación de las personas migrantes y de su acceso a la justicia, señalan que según cifras oficiales, de 2014 a 2016, de 5,824 delitos cometidos contra personas migrantes en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Sonora, Coahuila y a nivel federal, sólo existe evidencia de 49 sentencias (0.84%). Esto es una muestra de la falta de acceso a la justicia para esta población en un momento en el que los flujos migratorios se incrementan notablemente.
Pero esta situación no sólo es privativa de las personas migrantes. Desde el año 2016, numerosos actores agrupados en el colectivo #FiscalíaQueSirva urgieron al Ejecutivo Federal a garantizar que la transición pactada de Procuraduría a Fiscalía General de la República significara un cambio a un modelo de procuración de justicia que acabe con la impunidad. En ese entonces, se propusieron tres pasos necesarios: una reforma constitucional, una nueva Ley Orgánica integral de la Fiscalía, y un proceso de designación transparente y eficaz del o la titular de la Fiscalía General y las fiscalías especializadas.
Si bien en la coyuntura creada por el cambio de gobierno en la segunda mitad del 2018, se logró construir un espacio de interlocución para poder construir un espacio abierto y participativo para la creación de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (LOFGR), la cual finalmente fue aprobada el 20 de diciembre de 2018[5], los aspectos relacionados con los procesos de designación han dejado mucho que desear.
De esta manera las organizaciones denuncian la persistencia de la violencia impune que ha incrementado gravemente para muchas víctimas y comunidades el fenómeno de desplazamiento forzado interno: las organizaciones documentaron 29 desplazamientos masivos en 2016, impactando en al menos 23,169 personas en 12 estados: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas[6]. Las mujeres y las comunidades indígenas son de los sectores más afectados[7].
Por otra parte, como consecuencia de la negativa o negligencia de las autoridades, es muy común que víctimas, sus familiares o sus representantes realicen sus propias diligencias de investigación, sean revictimizadas, y en muchos casos su integridad se vea en peligro, lo cual ha llevado al asesinato de diversas personas familiares, incluyendo una decena de madres y padres de personas desaparecidas[8].
También ponen el énfasis en la reforma al artículo 19 de la Constitución mexicana[9] para aumentar la lista (ya existente) de delitos que ameritan “prisión preventiva oficiosa”, es decir, delitos en los que la autoridad judicial no tiene permitido hacer un análisis individualizado del caso, sino que por mandato constitucional está obligada a ordenar automáticamente la prisión preventiva a todas las personas imputadas por dichos delitos. La lista incluye delitos no violentos, así como los delitos más imputados a nivel federal[10]. Los resultados previsibles de esta reforma serán catastróficos, pues implicará el encarcelamiento automático de un sinnúmero víctimas de detenciones arbitrarias, especialmente de personas de escasos recursos económicos
Por otra parte el informe incluye la documentación sobre las 161 personas dedicadas a la defensa de derechos humanos[11] asesinadas y 2,530 agresiones contra periodistas, incluyendo 47 homicidios[12]. Esta situación continúa incluso en el nuevo gobierno que asumió a partir del 1 de diciembre de 2018. De enero a agosto de 2019, se ha reportado el asesinato de 13 periodistas, y al menos 18 personas defensoras[13]; incluso cuatro de ellas contaban con medidas de protección del Mecanismo Federal para personas defensoras y periodistas[14].
Finalmente, y por tratarse de un tema relacionado con acciones políticas por parte del nuevo gobierno, cobra relevancia el tema de la consulta. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) expresa que la consulta debe realizarse a través de procedimientos adecuados y a través de instituciones representativas de los pueblos y comunidades indígenas, equiparables y locales. Por su parte, la Corte Interamericana en su jurisprudencia ha establecido que el derecho a la consulta implica la participación efectiva de las comunidades, de conformidad con sus costumbres y tradiciones, en todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción que se lleve a cabo dentro de su territorio.
La práctica en México dista fuertemente de lo señalado en los tratados internacionales, pues las comunidades indígenas se enfrentan constantemente a la aprobación de leyes que las lesionan y de proyectos que acaban con sus territorios.
Estos y otros temas formarán parte de los cuestionamientos que el grupo de expertos realizará al Estado mexicano la tarde del 16 y mañana del 17 de octubre en Ginebra, Suiza. Estaremos compartiendo los enlaces para seguir estas actividades en línea y a la luz de las observaciones finales del Comité el 1 de noviembre emitiremos un nuevo posicionamiento.
El conjunto de información sobre esta sesión para México puede ser consultado en:
El informe conjunto de Sociedad Civil puede ser descargado aquí: