Ciudad de México, 25 de septiembre de 2019. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron su solidaridad con las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa en elquinto aniversario de la desaparición forzada.
Ambas instancias internacionales reconocieron los pasos dados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador -especialmente la creación de la Comisión presidencial y los espacios de diálogo-, pero lamentaron las fallas que persisten en la investigación y el hecho de que aún no se de con el paradero de los muchachos.
“La investigación del caso sigue dañada por años de irregularidades y acciones de encubrimiento, cometidas por las instituciones del Estado mexicano en el pasado, en el afán de construir y defender la desacreditada ´verdad histórica”, subrayó Jan Jarab, representante de la ONU-DH. “Resulta difícil distinguir las pruebas reales de las fabricadas y, al mismo tiempo, rescatar todo aquello que puede servir para dar con el verdadero paradero de los estudiantes y sancionar a todos los responsables con estricto apego al debido proceso”, abundó, y llamó a que se genere una nueva teoría del caso.
Por su parte, la CIDH urgió al Estado a avanzar con celeridad en la búsqueda de los jóvenes normalistas, así como juzgar y sancionar a las personas responsables. «La Comisión manifiesta su profunda preocupación porque después de un tiempo significativo no hay respuestas sobre lo ocurrido. Igualmente, reafirma su compromiso de seguir acompañando este caso hasta alcanzar verdad y justicia», expresó la instancia internacional, que ha acompañado a las familias desde 2014.
La ONU-DH también exhortó a investigar las graves transgresiones a los derechos humanos ocurridas durante la investigación ministerial, incluyendo los casos documentados en su informe “Doble Injusticia: informe sobre las violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, y llamó al Estado mexicano a impulsar, en esta nueva fase, una investigación que recabe pruebas que puedan ser efectivamente utilizadas para fincar responsabilidades en contra de los perpetradores en el caso Ayotzinapa.
La CIDH enumeró los problemas que ha constatado en la investigación, como: una investigación fragmentada, incompleta y sin una directriz clara investigativa; falta de detenciones y consignaciones por desaparición forzada y falta de detenciones de actores estatales por acción u omisión. «Asimismo, la Comisión ha resaltado a la importancia de ahondar en la investigación sobre los miembros del 27 Batallón, la determinación de la posible participación de varios cuerpos de policías municipales, policías estatales y policías federales. También ha observado la falta de avances en relación con presuntas irregularidades cometidas por las autoridades en el caso y la importancia de realizar investigaciones más profundas al momento de presentar consignaciones y acusaciones. La CIDH entiende que no es razonable que a cinco años, no haya resultados concretos».
Ambos organismos refrendaron que seguirán acompañando a las familias, proveyendo asistencia técnica.