Ciudad de México, 26 de agosto de 2019. A solicitud de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) realizó un diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo).
La ONU-DH reforzó su convicción sobre la gran importancia del Mecanismo y alabó la ley que lo sustenta, pero señaló que los importantes avances que se destacan en el diagnóstico no deben impedir ver que el Mecanismo continúa conformando una respuesta insuficiente por distintas razones.
«Las capacidades del Mecanismo, particularmente a nivel de recursos humanos y económicos, son al día de hoy insuficientes para dar respuesta a los requisitos legales y las necesidades reales de protección. El número de personal (36) no ha cambiado desde 2014 mientras el número de personas protegidas aumentó en 236% y se prevé que esa insuficiencia se agudice por la creciente tendencia de solicitudes de incorporación. Para el de este año, la SEGOB prevé que estará protegiendo 1131 personas y que el gasto asociado será de 325 millones de pesos. Sin embargo, el presupuesto asignado para 2019 fue de 207.6 millones de pesos, correspondiente al 64% del gasto previsto y monto inferior a lo ejercido en 2018 y 2017», resaltó la oficina de la ONU.
El documento de diagnóstico resalta también que el Mecanismo no cuenta con un mensaje claro de priorización política que garantice su función principal de coordinar las acciones de la Federación y de las entidades federativas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, además de la falta de participación activa de las autoridades que componen la Junta de Gobierno.
También se señaló que solamente 12 entidades crearon su UEP, la mayoría de ellas sin el personal y los recursos necesarios para poder operar de manera adecuada.
«Adicionalmente, se señala que el Mecanismo mantiene su enfoque principal en evitar la consumación del daño – elemento muy importante –, sin priorizar la atención a las causas que generan el riesgo, que deben ser atendidas a través de acciones políticas y de prevención que permitan anular el origen del riesgo. La carencia de este enfoque preventivo es el principal motivo por el cual en 2017 solamente diez casos se concluyeron por disminución de riesgo y en 2018 ninguno», lamentó la ONU.
De acuerdo con las estadísticas publicadas por el Mecanismo, en el 55% de los casos en que se identificaron los presuntos perpetradores, éstos eran servidores públicos, quienes están sujetos a un grado de responsabilidad superior, por su obligación de respetar a quienes ejercen labores de periodismo y defensa de los derechos humanos y de abstenerse de ataques en su contra. Sin embargo, el diagnóstico revela que hasta la fecha el Mecanismo no cuenta con criterios de actuación que, entre otros aspectos, exploren la pertinencia de: condenar públicamente cualquier ataque por parte de servidores públicos; dar vista a la fiscalía correspondiente para que se inicie una investigación criminal; e iniciar el procedimiento correspondiente de control y sanción administrativa.