Ciudad de México, 01 de agosto de 2109. Al cumplirse cuatro años del asesinato de Nadia Vera Pérez, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín y Rubén Espinosa Becerril, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, familiares de las víctimas y organizaciones reiteraron su exigencia de acceso a la justicia, una reparación integral del daño y conocer la verdad de lo sucedido el 31 de julio de 2015.
Las organizaciones que acompañan el caso recordaron que el caso continúa impune, pues no se han identificado a otros autores del crimen (materiales e intelectuales), ni se ha esclarecido el móvil de los hechos. «Es decir, hace falta saber qué sucedió realmente aquella tarde en el número 1909 de Luz Saviñón», señalaron.
Reconocieron que con el cambio de gobierno ha llegado una mayor apertura que con el gobierno de Miguel Ángel Mancera, pero advirtieron que aún hay lentitud en la investigación. «Aún hace falta que se traduzca en hechos y avances concretos respecto a la investigación y el agotamiento de todas las líneas de investigación, incluida la relacionada con Veracruz en cuanto a los antecedentes de agresiones y amenazas que sufrieron Nadia Vera y Rubén Espinosa por su labor de activismo y de periodismo», recalcaron.
Las víctimas indirectas también destacaron que no se ha sancionado a ningún funcionario involucrado en las irregularidades en e caso, e incluso han ascendido en su carrera. El 11 de diciembre de 2018, las familias presentaron ante la Contraloría General de la ciudad una queja administrativa por las actuaciones irregulares, omisas y negligentes en las que han incurrido servidores públicos de la PGJCDMX en relación a la investigación. En mayo presentaron formal denuncia ante la Fiscalía para la Investigación de Delitos cometidos contra Servidores Públicos de la PGJCDMX, para que investigue hechos constitutivos de delitos respecto a las mismas autoridades ministeriales.
Las organizaciones insistieron en la necesidad de realizar diligencias en materia de análisis de contexto, en relación con la línea de investigación relativa a Veracruz, ya que son hechos públicos y notorios que en el gobierno de Javier Duarte operaban grupos parapoliciales al margen de la ley que secuestraban, torturaban y desaparecían personas con total impunidad.
«Sabemos que el ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita operaba varias empresas de seguridad en la Ciudad de México y que esas empresas incluso tienen permisos para portación y uso de armas de fuego. Sabemos que esta red de grupos parapoliciales de Bermúdez Zurita operaba igual contra adversarios de grupos criminales que contra opositores políticos. Esto puede derivar en elementos que robustezcan la investigación y el agotamiento de líneas», abundaron.
Entre las organizaciones acompañantes se encuentran ARTICLE 19, la Clínica de Interés Público contra la trata de personas del ITAM y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.