Ciudad de México, 11 de junio de 2019. Decenas de organizaciones de derechos humanos y de la academia exigieron que la investigación contra los defensores de migrantes Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez se lleve a cabo en apego al debido proceso y respetando su presunción de inocencia, sin criminalizar su actividad de defensa.
Cristóbal e Irineo fueron detenidos el 5 de junio de 2019, en el contexto de las negociaciones políticas y comerciales entre Estados Unidos y México, fueron detenidos de manera arbitraria Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica para acusarlos por tráfico de personas.
Las organizaciones expusieron la larga experiencia de ambos defensores con la población migrante, tanto en asistencia humanitaria y acompañamiento como en temas académicos.
Posterior a la detención, Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica fueron trasladados a Tapachula, Chiapas, donde este martes 12 de junio se lleva a cabo la audiencia de vinculación a proceso para decidir si ambos defensores seguirán bajo investigación y si lo harán privados de la libertad.
«En dicha audiencia, de comprobarse la no existencia pruebas idóneas y suficientes en contra de Cristóbal e Irineo por los delitos que injustamente se les imputan, el Juez debería dictar auto de libertad por falta de elementos. Exigimos a la Fiscalía General de la República que garantice un juicio justo, con atención al debido proceso y con respeto a los derechos humanos, respetando la presunción de inocencia y garantizando que no se usarán las instituciones de procuración de justicia para fabricar pruebas y criminalizar a defensores», llamaron las organizaciones.
«La privación de la libertad de ambos defensores, representa una forma de criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos de las personas migrantes, lo que atenta contra el derecho a defender derechos, resultando aún más preocupante en un contexto tan complejo como el que enfrenta la migración en el país», agregaron.
Las organizaciones también advirtieron que a partir de los recientes acuerdos alcanzados por el gobierno mexicano con Estados Unidos, se anunció el envío de elementos de la Guardia Nacional en todo el territorio, priorizando la Frontera Sur con la finalidad de “reducir la migración irregular”, avanzando así en una agenda de militarización en la frontera sur y de criminalización de las personas migrantes y de quienes les defienden y acompañan.