* La operación será guiada por la Secretaría del Trabajo y las familias.
Ciudad de México, 02 de mayo de 2019. «En el día Internacional de la Solidaridad entre los trabajadores, @lopezobrador_ anuncia que se hará la Recuperación de los Restos en la mina #PastadeConchos y estamos trabajando para instalar la mesa y construir la viabilidad de este inmenso acto de justicia y ternura». Así recibió la Organización Familia Pasta de Conchos el anuncio de que, después de trece años de la tragedia, se comenzará el rescate de los cuerpos de los 63 mineros que permanecen en la mina de Coahuila.
El Centro Prodh, también acompañante de las familias, saludó «con esperanza» el anuncio del rescate «en un proceso encabezado por el Estado. Acompañadas por @PastadeConchos y @CentroProdh, las familias están listas con propuestas y dignidad para participar en el proceso».
En su conferencia matutina del 1 de mayo, el mandatario señaló que la decisión es un acto de justicia y un compromiso que hizo desde el 26 de febrero del 2012 en Nayarit; sostuvo que la Secretaría del Trabajo, que estará a cargo del rescate, tiene el presupuesto suficiente para sacar adelante la tarea.
López Obrador señaló ayer que el rescate se hará con o sin el acuerdo del poderoso empresario minero Germán Larrea, dueño de Grupo México y de la mina de Pasta de Conchos. Hoy por la mañana, el presidente informó que el empresario decidió colaborar con la recuperación de los restos, a la que se había opuesto por años.
Por su parte, el obispo Raúl Vera, quien ha acompañado a los mineros del carbón en la zona, advirtió: “Solamente con la presencia de la Organización Familia Pasta de Conchos, sobrevivientes, viudas y personas que se han mantenido en la lucha desde hace 13 años, se realizará un rescate honesto, porque ellas son quienes están litigando el caso”, y pidió que se enjuicie a los responsables del siniestro.
El 19 de febrero de 2006, la mina 8 de la Unidad Pasta de Conchos, en Coahuila, sufrió una explosión agravada por las condiciones deplorables de seguridad de la mina; 65 de los 73 obreros que se encontraban trabajando en ese turno quedaron atrapados. El lugar tenía reportes de fallas de seguridad desde el año 2000; sin embargo, las autoridades omitieron supervisar que se subsanaran.
Las labores de rescate quedaron a cargo de Grupo México, empresa dueña de la mina. El 4 de abril del año 2007, después de rescatar únicamente dos cuerpos y en una decisión sin precedentes en el resto del mundo, la poderosa minera decidió suspender el rescate argumentando que se ponía en riesgo a los rescatistas. Para las familias y sus organizaciones acompañantes, la razón de esta suspensión sería que, de ser rescatados los cuerpos, se evidenciarían las pésimas condiciones de trabajo en la mina y esto acarrearía sanciones penales, económicas e incluso el retiro de las concesiones de la empresa.
Desde entonces, las familias han luchado contra la corriente exigiendo el rescate de sus familiares y el esclarecimiento de lo sucedido. A la fecha no existe una investigación activa ni se había demostrado voluntad política para hacer el rescate. Ello obligó a las familias a acudir en 2010 a la CIDH, acompañadas por el Centro Prodh, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) y la Organización Familia Pasta de Conchos.
En febrero de 2018 la CIDH declaró admisible el caso concediendo la razón a las familias: señaló que no se han determinado las causas de la explosión, la presunta responsabilidad de servidores públicos, ni se han recuperado los cuerpos de los trabajadores, además de precisar que, al tratarse de un delito perseguible de oficio, es el Estado quien tiene el deber de impulsar el proceso.
Las familias esperan las conclusiones y eventuales recomendaciones al Estado en materia de justicia, reparaciones y no repetición, así como la recuperación de los restos de los 63 mineros todavía atrapados en la mina.