* Fue perseguida por civiles y luego hostigada por la policía municipal de Cosamaloapan.
Ciudad de México, 30 de abril de 2019. La periodista Alicia Blanco, esposa de Pedro Tamayo, periodista asesinado en 2016, reportó a ARTICLE 19 haber sido víctima de una persecución por un grupo de sujetos armados a bordo de un automóvil al salir de una audiencia legal en Cosamaloapan, Veracruz el 23 de abril de 2019.
La comunicadora narró a la organización defensora que el martes 23 acudió a una diligencia legal en Cosamaloapan. Al salir de ahí, un carro blanco con hombres armados la persiguió a ella y a sus acompañantes. «Inmediatamente le hable a Jorge Morales de la CEAPP (Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas) y mandó apoyo. Buscando ayuda nos fuimos al Parque Central donde compañeros de prensa llegaron a apoyarnos», relató Blanco.
La Policía Municipal, de acuerdo con su relato, comenzó a hostigarla y le dijo: «No saben con quién se acaban de meter». Posteriormente, la Policía Estatal llegó a resguardarlos y las acompañó hasta el km 60 de la autopista donde realizaron el enlace con Fuerza Civil, quienes los resguardaron hasta sus casas.
«Este hecho constituye el evento más reciente de intimidación hacia Alicia Blanco, quien ha sido revictimizada y atacada desde el asesinato de su esposo en julio de 2016», advirtió la organización defensora de la libertad de expresión.
«La presencia de Alicia en Cosamaloapan se debe a que actualmente su hijo Adrián Tamayo se encuentra preso a causa de las acusaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz por su “probable culpabilidad en la comisión de los delitos de robo de vehículos agravado y privación de la libertad”, según afirma un comunicado de la dependencia. Dicho proceso fue denunciado previamente por ARTICLE 19 debido a las irregularidades que presenta la integración del mismo y el contexto de ataques, acoso y hostigamiento contra la familia Tamayo», agregó.
Ante esta situación, ARTICLE 19 exigió al gobierno de Veracruz, al gobierno municipal de Cosamaloapan y a la Secretaría de Seguridad Pública del mismo municipio, que cumplan con su obligación de proteger a las víctimas indirectas de la violencia que han sufrido quienes ejercen la labor periodística y abstenerse de prácticas encaminadas a intimidar o inhibir la búsqueda de justicia de la familia Tamayo.