* Militariza las tareas de seguridad en un contexto de impunidad y frágil rendición de cuentas.
Ciudad de México, 07 de febrero de 2019. Seis Procedimientos Especiales de la Organización de las Naciones Unidas advirtieron su preocupación por la militarización de la seguridad pública en México a través de la Guardia Nacional y pidieron a los diputados que atiendan los argumentos en contra expuestos por personas expertas, organizaciones de la sociedad civil y la propia ONU.
La ONU considera que la propuesta que se discutirá este jueves en el Senado de la República constitucionaliza y hace permanente la presencia militar en tareas de seguridad, «dando continuidad a una política que ha generado más violencia y ha incrementado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos» en un contexto de frágiles controles, ineficaces mecanismos de rendición de cuentas e impunidad alarmante.
Los grupos de trabajo sobre las Desapariciones Forzadas y la Detención Arbitraria, así como las relatorías especiales sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias; de Libertad de Expresión; sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos y sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes advirtieron que el liderazgo y el funcionamiento de la Guardia Nacional son militares, así como los responsables de reclutar, ascender y entrenar a sus integrantes, además de que habría una expansión de la jurisdicción militar para investigar y sancionar delitos y las personas podrían ser detenidas en instalaciones militares.
Desde 2010, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó a México que adoptara todas las medidas necesarias para garantizar que la seguridad pública fuera mantenida, en la mayor medida posible, por fuerzas de seguridad civiles y no militares, así como garantizar que todas las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas fueran debidamente investigadas y juzgadas.
Este llamado fue reiterado por el Comité contra la Desaparición Forzada en noviembre de 2018, que observó con preocupación el rol otorgado a las fuerzas militares para las tareas de seguridad pública en la mayor parte del país y el impacto que esta tendencia tuvo en el aumento de la desaparición forzada y la impunidad.
En 2011, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU recomendó al Estado mexicano la consideración del retiro, en el corto plazo, de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública, misma que fue reiterada en 2015.
En 2014, el Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el Relator Especial sobre Ejecuciones, recomendaron que la seguridad pública se pusiera inmediata y definitivamente en manos de autoridades civiles y no en las Fuerzas Armadas.
Asimismo, el Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos y el Relator Especial sobre la Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión recomendaron que los defensores de derechos humanos fueran debidamente consultados durante los debates legislativos relativos a la participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad.
El pasado 16 de enero, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular las reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional.
*Con información de La Jornada y Animal Político.