* Un artículo de Mario Patrón Sánchez, director del Centro Prodh
Ciudad de México, 31 de enero de 2019. Hace unos días, el juzgado tercero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México emitió una sentencia de amparo en favor de la familia Trujillo Herrera, en la que ordena a la cancillería concluir en 60 días el trámite sobre el reconocimiento de la competencia para conocer de casos individuales del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (Comité CED), órgano nacido de la Convención Internacional para la Protección de Personas contra las Desapariciones Forzadas. México ratificó desde 2008 la convención, pero evitó que el comité pudiera conocer de casos individuales.
La sentencia es excepcional, pues somete a escrutinio judicial la política exterior de México en derechos humanos. El fallo insta a que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de desaparición forzada, que por cuanto hace al reconocimiento del Comité CED han sido evadidas por casi una década, impidiéndose así que los familiares de personas desaparecidas acudan a exigir en instancias internacionales la justicia que México les ha negado.
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Ante esta cerrazón y, sobre todo, frente a la falta de capacidad de la justicia mexicana para investigar decenas de miles de desapariciones, la familia Trujillo Herrera, con una década a cuestas de búsqueda de cuatro seres queridos, interpuso una demanda de amparo con la representación del Centro Prodh.
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La sentencia que la familia Trujillo ganó es una oportunidad para la nueva administración federal, pues de manera relativamente sencilla la administración entrante puede mostrar la voluntad política de priorizar la agenda de derechos humanos, no recurriendo el fallo, allanándose a la sentencia y aceptando la competencia del comité para conocer de casos individuales.
Con su participación en la comisión presidencial para el caso Ayotzinapa y con su respaldo al reconocimiento hecho por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ante la CIDH sobre la crisis de derechos humanos que vivimos, la cancillería ha dado señales de querer remontar la herencia del anterior gobierno. Acatar esta sentencia y no recurrirla sería una señal de que la nueva SRE ha comprendido la relevancia de aprovechar esta oportunidad también. Un mensaje de que este gobierno entiende que vale la pena el apoyo de la #ONUParaEncontrarles.
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