* Señala omisiones en las leyes y en su práctica; el fenómeno sigue siendo generalizado e imperan la impunidad y la revictimización, advierte.
Ciudad de México, 20 de noviembre de 2018. El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) manifestó su preocupación por el rol otorgado a las fuerzas militares para las tareas de seguridad pública en la mayoría del territorio del Estado mexicano y la creciente militarización de las autoridades, lo que podría llevar a «un aumento de la desaparición forzada y la impunidad». Por ello, recomendó poner en marcha un programa para fortalecer las policías civiles y regular el uso de la fuerza de las corporaciones.
En sus observaciones finales a México en seguimiento a las recomendaciones emitidas en marzo de 2015, el Comité advirtió que a pesar de las leyes, instituciones y protocolos adoptados en los últimos años, las desapariciones en México siguen siendo generalizadas e imperan la impunidad y la revictimización.
Las y los expertos destacaron que en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares no se tipificó la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad y advirtieron de un retraso en la aplicación de la ley. También destacaron que el Código de Justicia Militar sigue sin modificarse para asegurar que la desaparición forzada podrá ser investigada únicamente por autoridades civiles, incluidas aquellas que pudieran ser cometidas por miembros del Ejército en contra de sus propios compañeros.
Ante la «emergencia forense» por la falta de datos confiables sobre las desapariciones forzadas, el escaso número de condenas, el alto número de cadáveres sin identificar y de fosas clandestinas sin atención adecuada, las y los expertos plantearon la creación de un mecanismo internacional de asistencia técnica forense para procesar de manera urgente los miles de cadáveres y restos óseos pendientes de identificación.
Las conclusiones del CED también piden una mejora en las leyes para indagar la responsabilidad de superiores jerárquicos, la creación de un calendario para la implementación de la ley general -incluyendo el Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas, el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Fosas-, desagregar la información pública del registro de personas desaparecidas y fortalecer los sistemas de búsqueda, dotándolo de personal y recursos suficientes.
El Comité llamó la atención sobre el hecho de que no ha podido realizar una visita oficial a México, la cual ha solicitado desde 2013 y reiterado en al menos tres ocasiones sin que el Gobierno federal fije una fecha para ello.