* Llaman diversos actores a debatir el modelo de seguridad de la próxima administración.
Ciudad de México, 16 de noviembre de 2018. Al considerar que es inconstitucional el uso de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, y con señalamientos de que el Congreso de la Unión no tenía facultades para legislar en la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo la polémica Ley de Seguridad Interior.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organizaciones de la sociedad civil celebraron que el Máximo Tribunal haya dado este paso, y llamaron a la administración que entrará en funciones en dos semanas a buscar un modelo de seguridad que no sea una continuidad de la militarización de los últimos dos sexenios.
El ombudsman nacional consideró que los argumentos de las y los ministros -solamente el ministro ponente votó a favor del proyecto que preveía la constitucionalidad de la norma- retomaron las preocupaciones expuestas por el organismo nacional. La Comisión reconoció que el plan de seguridad del futuro gobierno propone diversos puntos de carácter preventivo en materia de seguridad pública y manifiesta como premisa el respeto a los derechos humanos, pero demandó que desarrolle la prevención y el fortalecimiento de las instituciones civiles como responsables de la seguridad pública, al señalar que el plan presentado el miércoles enfatiza acciones reactivas, basadas en el uso de la fuerza y con la intervención de las Fuerzas Armadas.
Por su parte, Amnistía Internacional celebró la invalidez de la norma y llamó al nuevo gobierno a romper el paradigma militar de seguridad y establecer un nuevo modelo. «Deberían ser las instituciones civiles las responsables de la seguridad en el país y deben mantener el control de las operaciones. La propuesta del presidente electo de continuar la militarización debería ser enmendada para enfocarse en el fortalecimiento y profesionalización de las policías civiles», consideró Tania Reneaum, la directora ejecutiva de la sección México de la organización.
Durante el día también se conoció que por unanimidad de todas las bancadas, con 108 votos a favor, el Senado de la República ratificó el ascenso de 187 militares propuestos por el Ejecutivo federal, incluido al general José Luis Sánchez León, vinculado al caso Tlatlaya.