* Los modelos de desarrollo impuestos impiden el derecho a la libre determinación.
Ciudad de México, 16 de octubre de 2018. Aún cuando no exista una ley general específica, el Estado mexicano está obligado a cumplir sus compromisos internacionales y consultar de manera previa, libre e informada a los pueblos indígenas cuando existan megaproyectos de desarrollo que puedan afectar a sus comunidades, sostuvo ayer la relatora especial de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.
La experta presentó ayer el informe de la visita oficial que hizo a México del 8 al 17 de noviembre de 2017; señaló que las comunidades enfrentan violaciones a sus garantías, lo que genera violencia, desplazamiento forzado, impunidad, criminalización a quienes defienden sus tierras, falta de acceso a la educación, salud, vivienda e incluso asesinatos.
Tauli-Corpuz expuso que los modelos actuales de desarrollo impuestos en los territorios de estos pueblos, en particular el auge de proyectos extractivos, energéticos y de inversión no consultados con ellos, limitan el propio desarrollo económico, social y cultural como elemento básico para su libre determinación.
«Una de las principales conclusiones de mi informe es que se debe crear una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado basada en la igualdad, el respeto y la no discriminación», sostuvo, y llamó a los gobiernos a sustituir los programas y las políticas con enfoque asistencialista por aquellos con enfoque de derechos humanos, incluyendo las prioridades y propuestas de los pueblos en la elaboración y ejecución de leyes, políticas y programas sobre desarrollo agrario. También indicó que el sector empresarial debe tomar mayores medidas para ejercer la debida diligencia y evaluar previamente los impactos reales y potenciales de sus actividades sobre los derechos de estas comunidades, mientras que las instituciones gubernamentales encargadas de fiscalizar las actuaciones de las empresas deben fortalecerse para garantizar la protección de las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas.
La relatora sostuvo que es necesario esclarecer casos como la masacre de Acteal y la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa.
*Con información de La Jornada