* Pide que se incorpore la perspectiva de derechos humanos durante las emergencias humanitarias.
Ciudad de México, 19 de septiembre de 2018. A un año del sismo del 19 de septiembre de 2017 y del precedente del 7 del mismo mes, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) recordó la importancia de integrar la dimensión de derechos humanos durante estas emergencias humanitarias y en los procesos de reconstrucción y llamó a las autoridades mexicanas a mantener como temas prioritarios la atención a las poblaciones afectadas y la preparación frente a los riesgos naturales.
A partir de los mencionados terremotos, la ONU-DH trabajó en coordinación con las distintas agencias de las Naciones Unidas en México para contribuir a la atención integral de las personas damnificadas y documentó el proceso de atención a distintas poblaciones en la Ciudad de México y en los estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas.
La ONU-DH reconoció la gran muestra de solidaridad de la población y los esfuerzos desplegados por las autoridades durante la emergencia, y señaló la necesidad de fortalecer la dimensión de derechos humanos en la respuesta a los desastres, sobre todo en términos de protección a las víctimas e información a las personas directamente afectadas, familiares y público en general.
“La dimensión de género también surgió como prioridad para futuros esfuerzos”, señaló Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México. “Esto incluye, por ejemplo, la situación de las trabajadoras domésticas, cuya localización fue más complicada por su estatus de informalidad laboral, y los riesgos que enfrentaron mujeres y niñas en los albergues. Asimismo, se necesita dar atención particular a los grupos en situación de vulnerabilidad”. El Representante destacó que las autoridades tienen la obligación de garantizar los servicios de salud, educación, agua y otros derechos económicos, sociales y culturales a las personas afectadas por los sismos y otros riesgos naturales.
En relación con la fase de reconstrucción, la ONU-DH enfatizó la necesidad de censos completos, transparencia en el uso de recursos y atención a las necesidades e impactos de corto, mediano y largo plazo. “Es fundamental garantizar que no exista ningún tipo de discriminación en la atención”, destacó Jan Jarab. “La atención no puede ser condicionada por la afiliación política, apoyo electoral o consentimiento ante ciertos proyectos. El sector empresarial puede tener un rol complementario fundamental en el apoyo después de los desastres, pero las autoridades no pueden transferir sus obligaciones a los entes privados.”
El organismo insistió en que las políticas y programas de reconstrucción requieren de la participación activa de las personas beneficiarias, quienes deben estar involucradas en su diseño, implementación y evaluación, para reducir el riesgo de ineficacia, discriminación o corrupción en estos procesos.
Los sismos de septiembre de 2017 afectaron especialmente a algunas de las poblaciones que presentan una situación de mayor vulnerabilidad y marginación en el país. “Los esfuerzos de recuperación no deben perpetuar la discriminación, la exclusión y la marginación. Debe garantizarse que la reconstrucción sirva para superar las condiciones pre-existentes y contribuya al pleno disfrute de derechos” recordó Jan Jarab. Además – dado el carácter indígena de muchas poblaciones afectadas – hay que garantizar que las medidas, por ejemplo, la oferta de vivienda, sean culturalmente adecuadas.
Asimismo, agregó, los esfuerzos de reconstrucción deben ir acompañados de acciones de prevención.