* Los organismos defensores de derechos humanos coincidieron en la necesidad de que en el próximo gobierno se exploren las línea de investigación que la presente administración federal se negó a desahogar . 
Ciudad de México, 04 de septiembre de 2018. Al presentar ante las familias de los 43 normalistas desaparecidos y los estudiantes el informe de balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento (MES) para el caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Onudh) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazaron que el Gobierno federal pretenda revivir la «verdad histórica», que ya ha sido desacreditada científicamente.
En enero de 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) estableció como teoría oficial del caso que los 43 estudiantes habrían sido llevados al Basurero de Cocula, privados de la vida, quemados hasta la incineración y sus restos lanzados al río San Juan. Posteriormente, y basados en diferentes estudios, tanto el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) señalaron que los elementos científicos no respaldaban esa teoría. Luego la Onudh daría a conocer su informe Doble Injusticia, en el que da cuenta de fuertes elementos de convicción de que se habría torturado a decenas de presuntos responsables, entre los que se encuentran aquellos que dieron las «confesiones» en las que se basó la «verdad histórica».
A pesar del cúmulo de evidencias en contra de expertos internacionales de renombre y de múltiples disciplinas, el presidente Enrique Peña Nieto lanzó un spot en el que defiende la teoría de la PGR, lo cual «indignó» a la CIDH.
En la presentación del informe, realizado en la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, Guerrero, los organismos defensores de derechos humanos coincidieron en la necesidad de que en el próximo gobierno se exploren las línea de investigación que la presente administración federal se negó a desahogar .
Las y los comisionados de la CIDH llamaron a resolver los casos en los que se ha denunciado tortura y llamaron la atención sobre la próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la creación de una comisión de investigación extraordinaria, ordenada por un tribunal colegiado e impugnada por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
«Si la investigación fuera bien conducida y se apegara a los estándares internacionales, podría esclarecerse el paradero de los normalistas», aseguró la comisionada Esmeralda Arosemena.
En su participación, el ombudsman nacional lamentó que «la impunidad fue institucionalizada por la PGR», y reiteró que se trata de un caso de graves violaciones a derechos humanos pues hubo colusión entre autoridades y la delincuencia organizada, lo que dio lugar a la desaparición forzada que sigue sin resolverse.