* Presentan informe sobre proceso relativo a la veda para acceso al agua en Valles Centrales.
Ciudad de México, 23 de agosto de 2018. Organizaciones sociales que conforman el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los territorios acusaron que en ese estado persisten las violaciones a los derechos de los pueblos consultados de parte de las dependencias federales, como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Semarnat.
En 1967 se aprobó el Decreto de Veda del Acuífero Valles Centrales de Oaxaca, que involucra a los distritos de Zimatlán, Ocotlán, Zaachila, Tlacolula, Etla y a la ciudad de Oaxaca. Cualquier campesino que pretenda utilizar el agua debe pedir un permiso a la Comisión Nacional del Agua, lo que ha causado un quebranto económico a las familias, sobre todo en tiempo de sequía.
Los campesinos se dedicaron a la captación de aguas pluviales y al fortalecimiento de los mantos freáticos, pero la Conagua se negó a revocar el decreto de veda. Las comunidades lograron que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emplazara a la Comisión Nacional del Agua para realizar una consulta indígena para la revisión y modificación del decreto de veda. El proceso de consulta involucra a comunidades de los Distritos de Ocotlán y Zimatlán de Álvarez.
En el marco de su informe sobre la etapa consultiva del proceso de consulta indígena en Valles Centrales -sobre la modificación del decreto que establece veda por tiempo indefinido para la extracción de aguas del subsuelo-, las organizaciones manifestaron que las instituciones federales y estatales, desde el inicio de la consulta, han mostrado irregularidades en su asistencia y cambios en el personal que han dificultado los compromisos y el desarrollo de las actividades.
Las organizaciones informaron que la etapa consultiva que inició en febrero del 2017 y en la cual fungen como observadores han desarrollado cerca de 10 actividades (asambleas, mesas de trabajo y reuniones) en las que se han observado las fallas.
“A nivel nacional, el marco jurídico en materia de derechos indígenas, la falta de armonización de leyes secundarias, las nuevas leyes derivadas de las reformas energéticas y las reformas en materia de derechos humanos, han provocado una dificultad en el momento de articular un instrumento jurídico que vincule y haga operativos los posibles acuerdos de modificación al decreto de veda y la reglamentación local”, evaluaron.
Dijeron en la misiva que se ha profundizado un patrón sistemático de violación a los derechos por parte de las instituciones federales y estatales involucradas en el proceso de consulta, lo cual obstaculiza y viola el derecho de consulta de los pueblos que participan en el proceso. Exigieron a las autoridades responsables que es urgente que se establezca una coordinación efectiva entre los órganos Responsable, Garante y el Comité Técnico Asesor y se haga entrega de convocatorias en el tiempo y la forma acordadas.
“Es urgente respetar y reconocer la diversidad cultural de las comunidades participantes en el proceso, dicho reconocimiento debe traducirse en un trato digno e igualitario, en metodologías culturalmente adecuadas, puntualidad, asimismo debe traducirse en el Glosario de Términos y la propuesta de modificación del decreto de veda”, indicaron.
Recordaron que es importante hacer entrega de la información solicitada por las comunidades participantes desde el inicio del proceso de Consulta y que exista una metodología clara y consensuada para el análisis de las propuestas de reglamentación.
*Con información de Página3