Ciudad de México, 11 de julio de 2018. En su primera recomendación a la Secretaría de Gobernación (Segob), a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda expresó su preocupación por los problemas estructurales que, considera, ponen en riesgo la adecuada implementación de la nueva Ley General en la materia, que lleva seis meses de vigencia.
En el documento 01/18, entregado el 11 de julio, el Consejo identifica obstáculos de recursos materiales para poner en marcha las tareas básicas de búsqueda e investigación -ya que en muchas entidades federativas las comisiones de búsqueda y fiscalías especializadas no han sido conformadas; además de que en el nivel federal no se cuenta con el personal y recursos mínimos para responder operativamente a los reportes y denuncias de personas desaparecidas.
El documento también señala graves omisiones y deficiencias técnicas en el desarrollo de nuevos instrumentos de política pública, como el Protocolo Homologado de Investigación, que es fundamental para unificar la actuación de los servidores públicos responsables de la investigación. En él se repiten vicios previos, como la espera injustificada para realizar acciones de investigación urgente para localizar con vida a las personas desaparecidas.
«Con suma preocupación, el Consejo Nacional Ciudadano resalta que en la implementación de la Ley General se ha reproducido la falta de coordinación entre autoridades federales y estatales, así como la falta de mecanismos que garanticen la consulta y participación de las familias, con el fin de que sus opiniones y observaciones sean incorporadas en la elaboración de documentos básicos como los Protocolos Homologados, tal como lo señala la Ley General», advirtieron las y los expertos.
Para corregir estas deficiencias, el Consejo recomendó a las autoridades involucradas gestionar la asignación de recursos suficientes para una operación efectiva de las instituciones; atender sus observaciones técnicas sobre el Protocolo Homologado de Investigación; establecer mecanismos de coordinación permanentes entre autoridades federales y de las entidades federativas, y planear procesos de consulta y participación de las familias con las condiciones adecuadas.
El Consejo también enfatizó la urgente necesidad de garantizar no sólo la capacitación y recursos para el personal encargado de esta importante tarea, sino también que tanto víctimas como personal ministerial cuenten con las medidas de seguridad necesarias para desarrollar sus actividades e impulsar la búsqueda de personas.
De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, desde 2007 y hasta el corte del 30 de abril de 2018 se registraron 36 mil 743 desapariciones.