Ciudad de México, 05 de julio de 2018. Con la sentencia que ordena la constitución de una comisión extraordinaria de investigación para el caso Ayotzinapa, el próximo gobierno de la República «tiene la mesa puesta» para cumplir con su promesa de verdad y justicia para las víctimas, consideraron ayer expertos en derechos humanos durante el conversatorio «Comisión de Investigación para la Verdad y al Justicia en el Caso Iguala: ¿Es el inicio de un proceso transicional en México?», realizado en la Universidad Iberoamericana.
Las y los abogados y defensores coincidieron en que la implementación de la sentencia «democratizadora» es una gran oportunidad para el sistema judicial en México y particularmente para las víctimas, por lo que llamaron a acompañar y vigilar su implementación.
En la mesa se consideró que la sentencia es muy rigurosa y no rebasa las atribuciones del Poder Judicial; se advirtió que mientras no haya una reforma del sistema de justicia, serán necesarias este tipo de medidas.
Las y los participantes coincidieron en que la sentencia del tribunal colegiado constituye un diagnóstico muy acertado de las fallas en el sistema de justicia en México, y que es relevante que surja desde los tribunales mexicanos dándole un carácter formal. También resaltaron que no solamente señaló las violaciones al debido proceso de los acusados, sino que decidió tutelar los derechos de las víctimas del delito y con ello confirmó que la tortura no produce verdad ni justicia.
También se señaló que los recursos interpuestos por el gobierno contra la sentencia debilitan los controles que hay sobre su actuación. Para los ponentes, es claro que dentro del gobierno actual no hay voluntad política para esclarecer el caso, por lo que llamaron a que todos los actores relevantes «abracen» la sentencia, que reconoce el papel que en los hechos ya juegan los familiares de las víctimas.