Ciudad de México, 29 de junio de 2017. Los colectivos de familiares agrupados en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México advirtieron fallas en la implementación de la ley general en la materia, especialmente en cuanto a su derecho a participar en el proceso y en la construcción del Protocolo Homologado de Investigación.
Las familias, quienes impulsaron decididamente la elaboración de la ley, señalaron que desde hace algunos meses solicitaron formar parte activa del proceso liderado por la Procuraduría General de la República (PGR), con fundamento en el artículo 99 de la Ley General y en cumplimiento al principio de participación conjunta previsto en la misma legislación. Sin embargo, y dado que hasta el pasado 6 de junio no se tenía una propuesta clara, el movimiento exhortó a la PGR a emprender un proceso participativo, que fue abierto los días 25 y 26 del presente mes.
A pesar de que el Borrador de Protocolo generado por la PGR no fue dado a conocer a todas las familias ni se les dio un tiempo razonable para analizarlo, el movimiento participó señalando los principales puntos rojos del documento y haciendo propuestas de mejora.
Las familias identificaron que la propuesta de la PGR no cuenta con estructura clara; le falta establecer mecanismos de coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y otras autoridades que participen en la investigación; no establece mecanismos adecuados y efectivos de participación de las familias en la investigación; omite detallar el rol de la asesoría jurídica en las distintas etapas del procedimiento; no genera mecanismos de análisis de grupos por categorías y prevé acciones que pueden ser revictimizantes para las familias; además, no contempla elementos necesarios y efectivos para la investigación de delitos de larga data.
«Respecto al plan de investigación, no queda claro el momento en que debe generarse, creando confusión respecto a su efectividad para el seguimiento de diligencias, tampoco prevé tiempos específicos para los actos de investigación, ni reuniones periódicas con las familias para su seguimiento y actualización continua; la construcción de hipótesis delictivas es confusa; y no prevé un seguimiento adecuado de acompañamiento psicosocial para las familias y víctimas indirectas durante todo el proceso», abundaron.
A pesar de todo lo hecho, la PGR reiteró que el Protocolo será publicado el día 15 de Julio por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia sin señalar claramente el mecanismo de seguimiento para integrar las preocupaciones y propuestas vertidas por el equipo técnico de las familias.
El movimiento advirtió que el espacio abierto no puede ser considerado un proceso de consulta ya que no garantizó los recursos, tiempos y metodologías adecuadas para permitir hacer aportes sustanciales, violentando así el principio de participación conjunta, la Ley General y estándares internacionales en la materia.
Las familias consideraron que el proceso debe ser replanteado para generar una herramienta eficiente que permita la búsqueda e investigación efectivas, además de que se deben generar procesos participativos efectivos en toda la implementación de la Ley General, que garantice el principio de participación conjunta y estándares internacionales, y se debe convocar a una comisión de coordinación para la redacción del Protocolo de Investigación y de Búsqueda que establezca la metodología para la revisión y edición de los dos instrumentos y permita la participación efectiva de las familias.