*Llaman organizaciones a que se cumplan las recomendaciones de la ONU y la CIDH para esclarecer el caso.
Ciudad de México, 21 de junio de 2017. A un año de la publicación de la investigación “Gobierno Espía: Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México” y de la presentación de una denuncia formal ante la PGR por los actos de espionaje mediante el uso del malware Pegasus, la impunidad ha prevalecido, denunciaron organizaciones civiles.
De acuerdo con ARTICLE 19, IMCO, R3D, Social Tic, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, El Poder del Consumidor y el Centro Prodh, se han documentado más de 100 intentos de infección con el malware Pegasus en contra de más de 20 periodistas, defensores de derechos humanos y activistas en México.
Las y los defensores de derechos humanos aseguraron que, durante este año, se ha fortalecido la convicción de que el Gobierno Federal estuvo detrás de los ataques con el malware Pegasus y de que no existe ni voluntad ni capacidad para llevar a cabo una investigación independiente, imparcial, exhaustiva y profesional.
«La Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) ha reconocido haber adquirido licencias de uso del malware Pegasus y haberlo operado desde las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México, refiriendo de forma sorpresiva e inverosímil que no cuenta con un registro de las personas que han sido vigiladas mediante el uso de Pegasus. La PGR, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), se ha negado a llevar a cabo una investigación diligente, profesional y con garantías de independencia. Por el contrario, las víctimas han tenido que recurrir al Poder Judicial de la Federación, que ya ha reconocido formalmente la falta de debida diligencia por parte de la PGR y le ha ordenado agotar todas las líneas de investigación, precisando que más que sobre los teléfonos de las víctimas la indagatoria debe versar sobre las autoridades que usaron el software Pegasus», ejemplificaron.
Investigaciones periodísticas han dado cuenta de que detrás de la contratación del software Pegasus podría haber una trama de corrupción vinculada con miembros relevantes del Gobierno Federal. Sin embargo, las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Corrupción desoyeron el llamado del Comité de Participación Ciudadana a formular el exhorto para que se investiguen también posibles delitos de corrupción.
Sobre el caso han manifestado su preocupación diversas instancias nacionales e internacionales, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la CIDH, miembros del Congreso de Estados Unidos, el núcleo de organizaciones de la sociedad civil de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), la Sociedad Interamericana de Prensa y personajes como Edward Snowden.
Hace dos días, en el Informe conjunto del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y el Relator Especial para la libertad de expresión de la CIDH sobre su misión a México, se recomendó realizar una investigación independiente que incluya a expertos de organizaciones académicas y de la sociedad civil, y a establecer un marco legal para proteger a personas de intromisiones arbitrarias o clandestinas en su privacidad, incluida la protección de las fuentes periodísticas conforme a los estándares internacionales sobre la materia. «México debería considerar la posibilidad de crear un órgano independiente para supervisar de manera eficaz las tareas de vigilancia del Estado», advirtieron.
Las organizaciones consideraron que solamente mediante el cumplimiento de las recomendaciones será posible evitar la impunidad en el caso.
