Ciudad de México, 20 de junio de 2017. Para las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, la detención y presentación de una persona como participante fundamental de la desaparición de sus hijos a sabiendas de que las autoridades federales conocían que se trataba de una persona ajena a los hechos «viola el derecho a la verdad de las familias y de la sociedad en su conjunto» y constituye un nuevo y preocupante agravio.
El 18 de junio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que Erick Uriel Sandoval Rodríguez, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) presentó como un presunto participante en el caso Ayotzinapa apodado «La Rana» o «El Güereque», es una persona ajena a los hechos y distinta de quien algunos testigos e indiciados señalan con ese apodo. También señaló que advirtió a la Procuraduría de esta irregularidad, pero ésta decidió seguir adelante con las acusaciones contra el profesor de Educación Física.
La representación de las víctimas consideró que esto «es una prueba más de que asiste la razón al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito» respecto de que en la investigación del caso «se ha suscitado retraso, ineficacia y falta de imparcialidad en las indagaciones respectivas». Señalaron que «es indignante que a estas alturas, pese a que subsiste la atención de la opinión pública sobre el caso e incluso un monitoreo estrecho por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la PGR intente sorprender a las víctimas y a la sociedad. Por ello, las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y las organizaciones representantes exigimos el acatamiento de la sentencia en sus términos».
Para las familias de los desaparecidos, la información dada a conocer por CNDH revela además que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) continúa participando activamente en la investigación del caso Ayotzinapa, a pesar de las múltiples irregularidades a su cargo que han sido documentadas por la propia CNDH, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). «La CNDH establece que el propio detenido presentó a agentes de la SEIDO elementos que acreditaban la equívoca detención y advierte que ésta no fue formalizada (pág. 3); por el contrario, se informó al público en general, que Erick N tuvo una intervención decisiva en los hechos en contra de los estudiantes», abundaron las organizaciones que representan a las víctimas.
Las y los afectados llamaron a que esta nueva irregularidad sea investigada y se sancione a los responsables, y advirtieron que esta no es la primera ocasión en la que queda comprobada la ausencia de buena fe en las acciones del Ministerio Público en el caso.