* La sentencia responde a amparos interpuestos por presuntos responsables de los hechos del 26 y 27 de septiembre. Ciudad de México, a 04 de junio de 2018. Al calificar de «histórica» la resolución del Poder Judicial que ordenar reponer la investigación del caso Ayotzinapa y crear una comisión de la verdad con peritos independientes y posible participación internacional, los representantes de las familias de los 43 normalistas señalaron que la decisión confirma las graves irregularidad cometidas por la Procuraduría General de la República (PGR) ya señaladas por organismos internacionales y negadas o minimizadas por el Gobierno federal.
Mediante una nota informativa, el Consejo de la Judicatura Federal informó que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito resolvió los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017 -promovidos por algunos de los acusados que refirieron haber sido objeto de tortura, y no por los familiares.
«Dada la reiterada resistencia del gobierno de Enrique Peña Nieto a descartar definitivamente la hipótesis oficial, exigimos un compromiso público de que en lo que resta del sexenio se cumplirá el fallo y no se manipulará el expediente para impedir el esclarecimiento del mismo», señalaron las y los defensores.
En el primer punto, las organizaciones acompañantes de as familias advirtieron que el Gobierno federal siempre señaló que serían los tribunales mexicanos quienes calificarían la indagatoria, respondiendo así a los señalamientos críticos a la llamada “verdad histórica” hechos por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la propia Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Finalmente, señalaron, el veredicto de los tribunales mexicanos «es contundente: la acusación de PGR es insostenible y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial».
En múltiples ocasiones, las y los abogados de los normalistas, así como los organismos internacionales mencionados, han advertido de la preponderancia que han tenido las declaraciones de los detenidos para construir la teoría oficial del caso que el Gobierno federal se ha negado a desechar por completo. La sentencia llama a que se recurra a peritos ajenos a la PGR para investigar las alegaciones de tortura por parte de detenidos, pues esto no ha sido investigado adecuadamente.
En otro punto, las organizaciones señalaron que la sentencia también insiste en que, en general y en este caso en particular, la PGR ha actuado con parcialidad y sin autonomía, por lo que «la resolución debe entenderse como un llamado a la creación de una Fiscalía genuinamente autónoma». La sentencia abunda que “no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército Mexicano, y la Policía Federal; y encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos, a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México”. Otro ejemplo es lo señalado por los magistrados en los párrafos 1148 y 1149 de la sentencia, donde establecen que la investigación «en general estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias (cuya legalidad, como se vio ha sido cuestionada por este Tribunal Colegiado), acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el Río San Juan”, precisando que con ello se dejaron de explorar otras líneas de investigación.
La sentencia ordena crear una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, como un “procedimiento alternativo” para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR; para su conformación, la resolución pone especial énfasis en la necesidad de que participen las víctimas, sus representantes, la CNDH y organismos internacionales. «En este sentido, destaca que el Tribunal refrende la relevancia que ha tenido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el presente caso e inste a que en la nueva etapa de investigación éste sea escuchado mediante sus integrantes», incluso llegando a pensar en un nuevo periodo, resaltaron las organizaciones.
Para los defensores de los normalistas, la resolución confirma que la verdad en el caso Ayotzinapa no está dicha, que el paradero de las víctimas no está esclarecido y que el actual Gobierno federal incurrió en múltiples irregularidades durante la investigación, por lo que llama a conducir la investigación «bajo una nueva óptica y etapa».
Las organizaciones defensoras insistieron en que, de acuerdo con los magistrados, se debe tener a las víctimas como centro de las acciones de investigación. Finalmente, resaltaron la exhortación que los magistrados refieren en su sentencia dirigida al Presidente en relación con la Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala: “De la manera más atenta y respetuosa se le solicita al señor Presidente de los Estados Unidos mexicanos, gire instrucciones a todas las secretarías y dependencias que integran su gabinete para que en el marco de sus respectivas atribuciones se sirvan prestar el apoyo y las demás necesidades que requiera la referida Comisión”.