«Consideramos este acto como un retraso grave a nuestra posibilidad de alcanzar la justicia», señalaron las madres.
Luis Ángel Bravo es acusado del delito de desaparición forzada durante el gobierno de Javier Duarte. El 11 de mayo de 2018 se giró orden de aprensión y se solicitó a la Agencia de Investigación Criminal la gestión de una Notificación Roja ante la Secretaría General de Interpol para localizarlo. Sin embargo, señalan las familias, el 2 de junio se le otorgó a Luis Ángel Bravo una suspensión provisional contra la orden de aprehensión y la ficha roja de localización.
Bravo Contreras renunció a la Fiscalía el 28 de noviembre de 2016.
«Las familias del Colectivo Familias Desaparecidos Orizaba – Córdoba exigimos a las autoridades competentes a realizar un estudio minucioso del caso y acceso a una justicia pronta y expedita; es una deuda que el Estado aún tiene pendiente con los veracruzanos. Las autoridades deben tener presente el profundo y constante dolor en que vivimos las familias de desaparecidos, para evitar una flagrante traición a la Verdad y a la Memoria de todos los que hemos sido víctimas del exfuncionario.», finalizaron.