* La procuraduría debe desahogar las pruebas ofrecidas por las víctimas y no puede reservar la información.Ciudad de México, 28 de mayo. Un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) admitir las pruebas ofrecidas por la defensa de las víctimas del espionaje ilegal.
A partir de haberse resuelto la impugnación 19/2008, la PGR deberá pedir información a distintas instancias gubernamentales y recabar información relacionada con la contratación del sistema y de quiénes intervinieron. El juez también le negó a la procuraduría la posibilidad de reservar la información para que las víctimas no tuvieran acceso a ella.
En junio de 2017, el influyente diario estadounidense The New York Times reveló que en México, defensores de derechos humanos, destacados periodistas y activistas anticorrupción eran víctimas de ataques con el malware Pegasus, un programa de la empresa israelí NSO Group diseñado para venderse exclusivamente a gobiernos para su lucha contra el crimen organizado. Posteriormente, quienes fueron objetivo de los ataques interpusieron denuncia, no sin antes advertir que dudaban de la imparcialidad del gobierno.
«Desde el momento en el que se presentó la denuncia, las víctimas del espionaje advertíamos sobre la falta de capacidad y voluntad de la PGR para investigarse a sí misma, por lo que se exigió la incorporación de la intervención de un panel de expertas y expertos independientes que brindara asistencia técnica internacional y garantías mínimas de autonomía e independencia, lo que a la fecha no ha ocurrido», recordaron las organizaciones. Agregaron que a casi un año de presentada la denuncia, ya que, de aproximadamente 70 pruebas ofrecidas por la defensa, la PGR ha desahogado cerca de 9, mientras que 49 se han negado, lo que «muestra la falta de debida diligencia con la que se conduce la PGR en la investigación de Gobierno Espía».
ARTICLE 19, R3D, Social TIC, El Poder del Consumidor, IMCO, Mexicanos contra la corrupción y el Centro Prodh informaron que en la audiencia -celebrada el pasado 21 de mayo-, se constató nuevamente que el software fue adquirido al menos por la Agencia de Investigación Criminal de PGR, por lo que el juez señaló que la línea de investigación debe centrarse en su adquisición y posterior uso ilegal por parte de esta instancia. Asimismo, se reconoció el derecho de las víctimas a participar en la investigación y la obligación de la PGR de conducirse con debida diligencia, señalando que no debe trasladarse la carga de la prueba a las víctimas.
Al valorar positivamente la resolución del juez, las organizaciones reiteraron la exigencia de que se incorpore un panel de expertas y expertos independientes que den garantías de imparcialidad y solidez técnica, así como el llamado a los candidatos para que se pronuncien sobre la importancia de investigar adecuadamente y sancionar a los responsables del espionaje.