Ciudad de México, 21 de mayo de 2018. Han pasado ya seis años desde que en la carretera Monterrey-Reynosa, en Cadereyta, Nuevo León, el Ejército Mexicano reportó el hallazgo de 49 personas decapitadas y desmembradas, 13 de las cuales eran migrantes centroamericanos. Sin embargo, al día de hoy ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León han consignado a ningún presunto responsable por los hechos, además de que han negado a las víctimas y sus representantes el acceso al expediente completo.
Aún más: el 18 de octubre de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 8VG/2017 sobre el caso, clasificando los hechos de graves violaciones a los Derechos Humanos. El instrumento fue dirigido al Titular de la Procuraduría General de la República y a los Gobernadores de los Estados de Nuevo León y Tamaulipas; a 8 meses de emitida la Recomendación, ninguno de sus puntos (tendentes a la sanción, reparación y no repetición de tales violaciones) ha sido cumplido por las autoridades involucradas.
En 2016, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho interpuso un amparo contra la negativa de expedición de copias de la averiguación previa radicada en la PGR. El amparo fue concedido, sin embargo, en las copias entregadas, correspondientes a 17 tomos del expediente, se testó (tachó) deliberadamente la información sustancial de las actuaciones, incluyendo la relativa a los servidores públicos que intervinieron en la investigación, al lugar de los hechos, a las víctimas, etcétera. esto, indicó la organización, impide a las familias y sus representantes legales un acceso real a la información, y que puedan coadyuvar efectivamente y ejercer sus derechos fundamentales.
Hasta la fecha y gracias a la puesta en marcha de la Comisión Forense, integrada por servicios periciales oficiales y el Equipo Argentino de Antropología Forense, se logró identificar a 10 migrantes hondureños, 2 nicaragüenses, 1 guatemalteco y 3 mexicanos. Sin embargo, no se ha aclararado lo que sucedió aquella noche. Además, en abril de 2017, las víctimas y la Fundación presentaron un peritaje elaborado por dos expertos internacionales, del cual derivaron 108 recomendaciones específicas y 12 generales, destinadas a orientar y perfeccionar las acciones de investigación. No obstante, dichas recomendaciones tampoco han sido consideradas.
La organización exigió que la PGR investigue efectiva y eficazmente los hechos, atendiendo a los estándares internacionales aplicables, a las recomendaciones que le fueron formuladas, y garantizando la capacidad real de los investigadores para atender este tipo de caso; que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) diseñe, junto con los familiares de las víctimas, un mecanismo de reparación integral; que la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la PGR y la CEAV, trabajen coordinadamente para el fortalecimiento del Mecanismo de Apoyo Exterior y del sistema de atención a víctimas; que la CNDH de seguimiento al cumplimiento de la Recomendación 8VG/2017 por parte de la Procuraduría General de la República y de los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas, y que la PGR sea transformada en una Fiscalía General de la República autónoma, que tenga la capacidad de investigar casos de graves violaciones a derechos humanos.