Manifestación de las familias ayer frente a la SRE
* Defiende ONU-DH su informe sobre tortura en el caso ante críticas del gobierno mexicano.
Ciudad de México, 09 de mayo de 2018. Durante la audiencia por el caso Ayotzinapa, realizada ayer en el 168 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las familias de los 43 normalistas desaparecidos y sus representantes legales advirtieron que las actuales autoridades buscan cerrar el caso ante la probable próxima alternancia en la Presidencia de la República.
“Estos señores saben que su gobierno corrupto ya se va y tienen miedo de que el próximo gobierno sí quiera llegar a donde tope en nuestro caso. Por eso quieren cerrar cada línea haciendo como que investigan”, advirtió don Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, quien pidió a las y los comisionados que el próximo informe de la CIDH sobre el caso se presente en México.
Por su parte, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU reafirmó hoy la validez de la metodología y de los hallazgos de su informe sobre denuncias de tortura y encubrimientos en el caso , tras las críticas hechas públicas el lunes por el Gobierno mexicano.
«Después de una lectura minuciosa de la respuesta del Gobierno de México, la Oficina reafirma que operó dentro del mandato establecido en el acuerdo firmado con el Gobierno mexicano en 2002 que estableció su oficina de país. Además, el informe se elaboró ??de conformidad con un acuerdo que abarcaba sus actividades, a pesar de la decisión del Gobierno de no renovarlo luego de que expirara el 1 de febrero de 2018.», afirmó.
La audiencia ante la CIDH
La representación legal de las familias presente ayer en la audiencia destacó cuatro señales que advierten de un posible cierre del caso: el rechazo del Gobierno federal al informe de la ONU, que documentó tortura a presuntos responsables fundamentales para la teoría oficial; la filtración y tergiversación de mensajes de presuntos involucrados -proporcionados por la DEA- con el propósito de exculpar a funcionarios estatales y federales; el fracaso de la PGR por su deficiencia al fincar nuevas acusaciones; y el rechazo a cumplir el diagnóstico psicosocial.
Los abogados de las víctimas detallaron que los mensajes filtrados a la prensa, interceptados la noche del 26 de septiembre de 2014, indican que pasada la media noche, cuando de acuerdo con las “confesiones” que sustentan la teoría del caso los estudiantes ya estarían reducidos a cenizas, los presuntos criminales aún hablaban de ellos como detenidos. Destacaron que esta información muestra que el poder transnacional y los vínculos con el gobierno de la organización criminal sobrepasan por mucho el ámbito municipal, de forma contraria a la narrativa oficial del caso, y llegan hasta el ámbito estatal y federal, señaladamente a la Policía Federal y al Ejército. Por ello se deben recabar más de 60 pruebas pedidas por la defensa, especificaron.
El comisionado Ernesto Vargas destacó que entienden el dolor de las familias al no encontrar resultados sustanciales a 43 meses, y pidió al gobierno mexicano que informara detalladamente si hubo avances significativos en el cronograma de trabajo. Por otro lado, el comisionado enfatizó su preocupación por las descalificaciones contra Jan Ja?ab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH, y señaló que se debe prestar máxima atención a lo señalado en el informe de la ONU. La comisionada Flávia Piovesan agregó sus dudas sobre la independencia que tienen las instituciones encargadas de investigar la tortura y destacó la pericia de la ONU en estos temas.
Los representantes de las víctimas exigieron respeto al trabajo de la ONU en México y señalaron que el documento circulado por el Estado, unas horas antes de la audiencia, tiene señalamientos propios de un gobierno autoritario.
La CIDH anunció que en breve presentará un balance del trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento.
ONU reafirma su trabajo
En un comunicado firmado desde Ginebra, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos recordó que el informe, “Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, publicado el 15 de marzo de 2018, concluyó que hay fuertes elementos de convicción para considerar que al menos 34 personas detenidas durante la primera etapa de la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 fueron torturadas y muchas de ellas detenidas arbitrariament, violaciones que fueron a su vez inadecuadamente investigadas y encubiertas.
En el marco de la defensa de su trabajo ante los ataques gubernamentales, la Oficina reiteró su llamado a las autoridades mexicanas para que implementen las recomendaciones del Informe, con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos, garantizar la justicia, brindar reparaciones a las víctimas y garantizar la no repetición de estos eventos trágicos.
«La Oficina insta también a las autoridades a que concluyan las investigaciones dentro de un plazo razonable e identifiquen a los responsables de las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos que se describen en su Informe. La Oficina seguirá de cerca los resultados de dichas investigaciones, particularmente considerando que hasta la fecha nadie ha sido señalado como responsable de las graves violaciones», reafirmó.
