Ciudad de México, 16 de abril de 2018. Después de 4 meses en los que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantenía en reserva el informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT) de las Naciones Unidas sobre su visita a México en diciembre de 2016, la sociedad civil forzó a que dicha institución hiciera público el documento mediante una solicitud de acceso a la información.
Organizaciones de la sociedad civil indicaron que aunque en el informe revelado, el SPT reconoció avances legislativos en torno a la prevención de la tortura en el país, también reiteró que la tortura es una práctica generalizada y confirmó que la impunidad casi absoluta que prevalece en los casos fomenta su repetición. En ese sentido, señalaron, el Subcomité resaltó que la falta de independencia de los servicios forenses de las procuradurías se traduce en el encubrimiento de actos de tortura y documentó que muchas personas privadas de la libertad no denuncian la tortura y malos tratos por temor a represalias. Aunado a la impunidad, el Subcomité señaló su preocupación por “distintas formas de corrupción y connivencia entre grupos de criminalidad compleja y las autoridades y personal de los penales”.
El SPT identificó que la tortura es comúnmente aplicada durante el arresto, traslado, ingreso a lugares de detención e interrogatorios, con el fin de que las víctimas hagan declaraciones auto-incriminatorias o incluso para obligarlas a firmar hojas en blanco. En el informe se señala como responsables de la tortura a funcionarios públicos de diferentes dependencias: agentes de la policía (federal, estatal y municipal), de migración e integrantes de las Fuerzas Armadas.
Entre las recomendaciones del SPT al Estado mexicano se encuentra la eliminación de la figura del arraigo, el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), por ejemplo, para establecer mecanismos para iniciar quejas o denuncias que deriven de los casos individuales que documenta. El Subcomité también observó la necesidad de que el MNPT interactúe con diversas autoridades, entre otras, las instituciones judiciales para que éstas desarrollen acciones de prevención y sanción de la tortura.
Las organizaciones llamaron a todas las autoridades del Estado mexicano a que cumplan a cabalidad las recomendaciones formuladas por el SPT, e incluyan a organizaciones de la sociedad civil, expertas y expertos en su implementación. «Llamamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que haga público el informe que deberá presentar en el mes de junio de 2018 a dicho órgano de Naciones Unidas sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas», agregaron.
*El Informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes puede consultarse en el siguiente enlace: http://cmdpdh.org/wp-