Ciudad de México, 13 de abril de 2018. Organizaciones acompañantes del caso Ayotzinapa consideraron que la información revelada ayer por el diario Reforma confirma las fallas de la versión oficial sobre el destino de los normalistas y la pertinencia de las recomendaciones del GIEI; también lamentaron la tardanza de la Procuraduría General de la República (PGR) para concretar diligencias y cooperación, como aquella de la que proviene la información.
Por su parte, Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró que «La revelación de que el ataque a los estudiantes y a otras personas pudo estar dirigido, desde los Estados Unidos, por miembros de la delincuencia organizada debe mover a las autoridades mexicanas a abandonar finalmente su desacreditada teoría del caso y a comprometerse a investigar los hechos de forma seria y expedita, incluyendo a todas las autoridades que pudieran estar involucradas en este crimen horrífico. Es tiempo de que la Procuraduría General de la República ajuste su investigación y se allegue de toda la evidencia disponible”.
La información, proporcionada por el gobierno estadounidense al mexicano, revela que la noche de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y en días posteriores a los hechos, hubo un intenso intercambio de mensajes de telefonía entre presuntos criminales que se encontraban en Iguala y en Chicago, Illinois, en las que se discutió información sobre los hechos e incluso se habrían enviado instrucciones importantes a los perpetradores.
Para las familias de los estudiantes desaparecidos y las organizaciones representantes esta información novedosa es relevante ya que corrobora que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) llevaba razón respecto de la necesidad de que el Estado mexicano abriera y agotara la línea de investigación relativa al trasiego de droga de México a Estados Unidos, específicamente de Iguala a Chicago. «El GIEI dio cuenta de la acusación que existe desde 2014 en la Corte del Distrito Norte de Illinois en contra de personas vinculadas a Guerreros Unidos por trasiego de droga a ese país, utilizando entre otros medios autobuses de pasajeros, acusación que es la fuente de los mensajes referidos. La nota confirma la gravedad de la demora de la PGR en solicitar esta información, la cual fue solicitada por las familias desde 2016», abundaron las organizaciones.
Para las y los defensores de las familias de los 43, el reportaje advierte que la organización criminal Guerreros Unidos, lejos de ser un grupo criminal de alcance regional, encabezado por figuras de mediana importancia con vínculos exclusivamente municipales, es en realidad una compleja red trasnacional de tráfico de drogas en vías de expansión, vinculada al trasiego de heroína en autobuses, coludida con niveles de gobierno municipal, estatal y federal y cuyo organigrama real es aún desconocido. «Ejemplo de ello es la referencia que se hace en los mensajes a su relación ilícita con el Gobierno del Estado de Guerrero», explicaron.
De acuerdo con un comunicado emitido ayer, los mensajes también muestran la debilidad de la llamada “verdad histórica” en cuanto al mensaje publicado con la literalidad de: “60 paquetes ya guardados y otros con San Pedro”, (refiriéndose a 60 personas desaparecidas y otras más, asesinadas) el día 27 de septiembre a las 15:28 hrs, «lo cual entra en franca contradicción con la teoría oficial, pues de acuerdo con la PGR a esa hora los estudiantes ya habrían sido ejecutados e incinerados, mientras que el mensaje es claro en señalar que a esa hora habían paquetes ‘guardados'».