Las organizaciones convocantes consideraron que, a través de las experiencias de diversos países, se pueden implementar ejercicios de justicia transicional con una base inclusiva, en donde se tome en cuenta especialmente a aquellos grupos más golpeados por el clima de impunidad.
«Las organizaciones de la RLAJT apoyamos las exigencias de las organizaciones mexicanas sobre la creación de una Fiscalía verdaderamente autónoma, con un Procurador que sea capaz de investigar de manera efectiva e integral los delitos cometidos y sancione a los responsables, con procesos que incorporen la perspectiva de centralidad de la participación activa de las víctimas y que responda a la denuncia de impunidad y corrupción entre las estructuras del Estado, que desde las organizaciones de la sociedad civil se han venido pronunciando en los últimos años. Asimismo, respaldamos la pertinencia de impulsar un Mecanismo Internacional contra la Impunidad, que vele por la independencia de sus miembros para determinar y evidenciar las prácticas opacas por parte de las autoridades mexicanas. Consideramos necesario para el fortalecimiento de las instituciones democráticas del Estado mexicano, la desmilitarización de la seguridad pública», agregaron las organizaciones participantes.
Las y los expertos señalaron que, a pesar de que numerosas instancias internacionales y nacionales, personas académicas, defensoras y especialistas han expresado su preocupación ante la crisis de derechos humanos y justicia en el país, las y los mexicanos se continúan enfrentando a la pasividad del Estado para hacerse responsable en términos de acceso a la justicia y reparación de las víctimas.