*CIDH reitera preocupación por escasos avances de México y sostiene que hay una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos.
Ciudad de México, 22 de marzo de 2018. El Observatorio Internacional sobre Derechos Humanos en México advirtió que mantiene su preocupación por la nueva Ley de Seguridad Interior y por la negativa del gobierno mexicano de aceptar las implicaciones de esta ley, al tiempo en que recordó que el pasado 2 de marzo, el tema llegó al sistema interamericano de derechos humanos. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insistió en su informe anual en su preocupación por la ley y señaló que espera que el Estado implemente un plan para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública.
El Observatorio Internacional urgió a la CIDH a utilizar todos los mecanismos a su disposición para prevenir la militarización de la seguridad pública en México. «En particular, el Observatorio insta a la CIDH a poner a disposición de la Suprema Corte de México su experticia durante la revisión de la ley propuesta, así como a solicitar la Opinión Consultiva de la Corte interamericana de Derechos Humanos sobre esta materia», señaló. Los miembros fundadores del Observatorio incluyen a Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Latin American Working Group (LAWG), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Open Society Justice Initiative (OSJI), la Organización Mundial contra la Tortura (OMTC), Peace Brigades International (PBI) y Robert F. Kennedy Human Rights.
Las organizaciones señalaron que la ley, promulgada el 21 de diciembre de 2017, concede facultades amplias y excepcionales al Ejército mexicano para participar en tareas de seguridad pública, incluidos poderes de investigación penal, pero no incluye medidas específicas para la rendición de cuentas o la supervisión civil de las operaciones militares. «Esta ley refuerza el actual clima de impunidad en México debido a las repetidas fallas de las fuerzas militares mexicanas de hacer responsable y exigir cuentas a su personal por graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo casos de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales», insistieron.
La Comisión señaló en su informe anual que «en un sistema democrático es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas».
Las organizaciones señalaron que la ley, promulgada el 21 de diciembre de 2017, concede facultades amplias y excepcionales al Ejército mexicano para participar en tareas de seguridad pública, incluidos poderes de investigación penal, pero no incluye medidas específicas para la rendición de cuentas o la supervisión civil de las operaciones militares. «Esta ley refuerza el actual clima de impunidad en México debido a las repetidas fallas de las fuerzas militares mexicanas de hacer responsable y exigir cuentas a su personal por graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo casos de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales», insistieron.
La Comisión señaló en su informe anual que «en un sistema democrático es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas».
Además del tema de la ley, la CIDH refrendó las recomendaciones que formuló tras su visita a México en 2015, al considerar que los avances logrados desde entonces han sido insuficientes en materia de combate a la violencia, los abusos y la impunidad. » Si bien se han registrado avances significativos en materia constitucional y legislativa en los últimos años, así como la adopción de importantes políticas públicas en México (…) persisten los desafíos en materia de violencia e inseguridad, que se alimentan del miedo que generan los grupos del crimen organizado que actúan en nombre propio y en ocasiones en colusión con autoridades, así como por la consecuente impunidad», indicó. «Continúan siendo de especial preocupación los elevados números de desapariciones, de homicidios sin una debida investigación, así como las denuncias de tortura», añadió.