* Personajes clave en la construcción de la «verdad histórica», entre los torturados.
Ciudad de México, 15 de marzo de 2018. Hay sólidos motivos para creer que a una parte de las personas arrestadas en México en la etapa inicial de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en 2014, se le habría detenido arbitrariamente y torturado y que estas graves violaciones fueron objeto de investigaciones inadecuadas e incluso de encubrimiento, señaló un informe publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
En el documento, titulado Doble injusticia – Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, se analiza información sobre 63 personas de un total de 129 imputadas en relación con la desaparición de los estudiantes. Tras el examen de los expedientes judiciales, las fichas médicas que revelan numerosas lesiones y las entrevistas con autoridades, detenidos y testigos, «la Oficina cuenta con fuertes elementos de convicción para concluir que al menos 34 de esas personas habrían sufrido torturas», indicó el organismo. Entre ellas se encuentran personas que supuestamente “confesaron” los hechos con los que la PGR construyó la teoría oficial sobre el basurero de Cocula. Particularmente se trata de Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio Cortés, Agustín García Reyes y Felipe Rodríguez Salgado.
En el informe se describe “un modus operandi prácticamente uniforme” en la manera en que las personas habrían sido detenidas arbitrariamente y torturadas para extraerles información o confesiones, y en las demoras significativas en su presentación formal ante el Ministerio Público. En muchos casos, agrega, se ofrecieron “justificaciones no plausibles y contradictorias” para explicar las causas de las lesiones que presentaban las personas detenidas, como “autogolpes, lesiones anteriores a la detención, estados de ebriedad o caídas”. En el informe se destaca además la existencia de una serie de declaraciones auto-inculpatorias “libres y espontáneas” hechas por personas detenidas que presentaban múltiples lesiones, como queda evidenciado en los partes médicos.
«Esta pauta no sólo constituye una violación de los derechos de las personas detenidas, sino también del derecho a la justicia y la verdad de las víctimas de los hechos de septiembre de 2014, sus familiares y la sociedad en su conjunto”, declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
El documento señala que los casos documentados de violaciones de derechos humanos ocurrieron a partir del 5 de octubre de 2014, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) se hizo cargo de la investigación, que hasta entonces había llevado la Fiscalía del Estado de Guerrero, donde los estudiantes desaparecieron. Todos los arrestos fueron realizados por personal de la PGR, la Policía Federal y la Secretaría de Marina (Semar).
El organismo de derechos humanos pidió que se investiguen las violaciones y se sancione a los responsables, y señaló que desde el «esfuerzo genuino» de la anterior Visitaduría General de la PGR para realizar una investigación interna -que fue frustrada por el remplazo de los funcionarios comprometidos- no se han producido imputaciones ni sanciones en relación con los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos. Tanto el GIEI como mecanismos de la ONU habían alertado ya de serias irregularidades en la investigación del caso.
En el informe se pide al Estado mexicano que elabore y aplique el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura. Asimismo, se exhorta al Congreso a adoptar reformas legales que garanticen realmente la independencia, autonomía y profesionalismo de la Fiscalía General de la República y que incluya órganos de control interno y procesos de rendición de cuentas. «El Estado mexicano debería, además, implementar la recomendación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la creación de un consejo asesor de lucha contra la impunidad», agregó el organismo.
“El caso Ayotzinapa pone a prueba la voluntad y capacidad de las autoridades mexicanas para abordar las violaciones graves de derechos humanos. Durante tres años y medio las familias de las víctimas han luchado por su derecho a conocer qué les ocurrió a sus seres queridos. Insto a las autoridades mexicanas a garantizar la búsqueda de la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa y a llevar ante los tribunales a los responsables de las torturas y otras violaciones de derechos humanos perpetradas durante la investigación”, declaró el Alto Comisionado Zeid.