* Es parte de la grave crisis de derechos humanos que viven México, afirman; denuncian renuencia del Gobierno federal a permitir que los casos se lleven ante Naciones Unidas.
Ciudad de México, 12 de marzo de 2018. A casi 12 años del último Examen del Estado mexicano ante Naciones Unidas en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), hoy y mañana el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) realizará un nuevo examen.
El proceso -que es transmitido en vivo– tiene lugar en el marco del 63° período de sesiones del Comité y se centrará en dos informes periódico rendido por el Estado mexicano sobre el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), así como en la información proporcionada por diversas organizaciones de la sociedad civil que han preparado informes alternativos en la materia.
En particular, hoy 12 de marzo más de 150 organizaciones presentaron un informe en la audiencia privada del Comité con organizaciones de la sociedad civil, en el que afirman que la grave crisis de derechos humanos que vive el país también está conformada por múltiples violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que permanecen en la impunidad tanto por corrupción y falta de voluntad política de las autoridades como por la deficiencia de recursos jurídicos nacionales apropiados.
Las organizaciones anunciaron que también denunciarán la renuencia del Estado mexicano a adherirse al Protocolo Facultativo del PIDESC que permitiría llevar casos de violaciones a los DESCA a nivel internacional ante la falta de acceso a la justicia en México.
El Informe Alternativo sobre DESCA documenta las limitaciones, los obstáculos, los retrocesos y los desafíos en México en materia de los derechos humanos a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, al agua y al saneamiento, a la seguridad social, al trabajo, a condiciones laborales dignas, a la libertad sindical, a la protección y asistencia a la familia, al medio ambiente sano, a la libre determinación de los pueblos y a la protección del patrimonio biocultural. El documento enfatiza también las dificultades que enfrentan diversos sectores de la población para el ejercicio de sus derechos, en especial los pueblos y comunidades indígenas; las mujeres, las niñas, niños y adolescentes; las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo; las personas desplazadas internas; las personas adultas mayores; las personas víctimas de trata; las y los trabajadores temporales, los jornaleros agrícolas, y diversos sectores de población afectados por actividades empresariales que impactan negativamente los derechos humanos.
Las organizaciones también denunciarán la situación particular de riesgo, vulnerabilidad y agresiones que enfrentan las y los defensores de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, especialmente quienes protegen la tierra, el agua y el medio ambiente muchas veces en el marco de actividades empresariales y megaproyectos, con apoyo tácito o explícito de las autoridades.