* Se deben modificar las políticas públicas existentes y adecuarlas a los más altos estándares de derechos humanos, señalan ONG y la CNDH.
Ciudad de México, 08 de marzo de 2018. Contrariamente a su obligación internacional en materia de derechos humanos de las mujeres y a la ratificación de los instrumentos que protegen a las mujeres de la violencia, el Estado mexicano, en lugar de aceptar la problemática existente, busca invisibilizarla en el contexto de violencia generalizada que vive el país, ignorando sus causas, consecuencias y especificidades, advirtió ayer la Red Todos los Derechos Para Todos y Todas (Red TdT) durante la presentación del informe Derechos y Violencias: La experiencia de ser mujer.
Por su parte, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, señaló que para disminuir los ataques y las agresiones contra las mujeres es necesario, en principio, acabar con la impunidad. El ombudsman también condenó el asesinato de la defensora de los derechos de la mujer en Guerrero María Luisa Ortiz Arenas.
En su informe, la Red TdT señaló que aún con los avances legislativos en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, principalmente con la publicación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se mantiene la discriminación y violencia en su contra, poniendo en riesgo su integridad y su vida, por lo que llamó a armonizar las legislaciones estatales acorde con los más altos estándares en la materia y asegurar su correcta implementación.
El ombudsman se pronunció por modificar la ley para fortalecer las declaratorias de alerta de violencia de género como herramienta de combate y prevención contra crímenes graves, particularmente los feminicidios, así como incluir a los presidentes municipales y a la sociedad en las políticas en favor de ese sector.
La Red TdT destacó que siguen existiendo graves deficiencias en el diseño e implementación de políticas
públicas para asegurar una vida libre de violencia para las mujeres mexicanas, por lo que las instituciones administrativas y judiciales que atienden a las mujeres deben de comprometerse con procesos adecuados, eficaces y libres de prejuicios, con la voluntad y la capacidad de brindarles protección. «De igual manera, se deben construir los mecanismos de transparencia y rendición de cuenta adecuados para la evaluación
y seguimiento de las medidas adoptadas», agregó.
El informe también destaca que la situación de violencia estructural contra las mujeres se ha agudizado, negandoles el acceso a la justicia y la protección judicial, así como las garantías de no repetición que puedan frenar la violencia en su contra y una reparación del daño con perspectiva de derechos humanos y género, para ellas y sus familias. Agrega que no existe la información pertinente para tener un mejor y mayor acercamiento a la realidad que viven las mujeres, en especial aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.
*Descarga el informe aquí