*No se ha permitido la participación de las familias; el diseño de la institución no contempla suficientes criterios de coordinación e intervención ni presupuesto adecuado.
Ciudad de México, 27 de febrero de 2018. El acuerdo que crea la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada y sus atribuciones no contempló a las familias en el proceso y además tiene serias deficiencias, denunció el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
El movimiento, conformado por familias en búsqueda, advirtió que lo acordado por la Procuraduría General de la República el pasado 16 de febrero no garantiza que la Fiscalía Especializada debe contar con personal ministerial, policial, pericial y de apoyo psicosocial suficiente; no establece el perfil ni el servicio profesional de carrera para los futuros fiscales; se deja desprotegidas a las víctimas pues no está operando la Comisión Nacional de Búsqueda; y no se siguen impulsando acciones de búsqueda ni se determina qué sucederá en tanto se implementa la ley.
Las familias, quienes reclaman que se permita su participación y el aporte de su experiencia acumulada, también indicaron que se restringe la intervención de la fiscalía en casos donde hay más delitos o sea del fuero local; también adolece de falta de coordinación entre las comisiones de búsqueda, la fiscalía y el Mecanismo de Apoyo Exterior y de falta de claridad en cuanto a cuándo la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada será la competente para investigar y cuándo otra Fiscalía Especializada de la PGR.
«Preocupa que los casos se fragmenten, ocasionando los problemas que actualmente se viven al dividir la información entre varias áreas de una institución que no trabajan en conjunto ni se coordinan entre sí. El acuerdo debió establecer reglas de coordinación claras para este tipo de casos complejos», explicaron.
El movimiento también señaló faltas en lo referente a la investigación de la desaparición de personas migrantes, en cuyo diseño faltan facultades de coordinación, incidencia, intervención de comunicaciones y uso de inteligencia, además de que le falta presupuesto suficiente.
«Es por lo anterior que exhortamos a la Procuraduría General de la República y a las demás instituciones y dependencias de gobierno a no hacer de lado el valioso aporte de experiencia que desde las familias hemos venido ofreciendo para garantizar que estas herramientas, como la Fiscalía Especializada, sean efectivas en la construcción de la verdad y justicia», finalizaron.