*Informe advierte que las autoridades violan el derecho internacional e interno.
Ciudad de México, 24 de enero de 2018. Las autoridades migratorias mexicanas obligan de manera habitual a regresar a sus países a miles de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala sin tener en cuenta los riesgos para su vida y su seguridad cuando regresan y, en muchos casos, violando al hacerlo el derecho internacional e interno, denunció Amnistía Internacional (AI) en su nuevo informe «Ignoradas y sin protección».
Basándose en una encuesta que refleja 500 experiencias de personas centroamericanas viajando a través de México, AI concluyó que el Instituto Nacional de Migración (INM) incumple sistemáticamente el principio de no devolución (non-refoulement), pilar vinculante del derecho internacional y mexicano que prohíbe la devolución de personas a situaciones donde corran riesgo real de sufrir persecución u otras violaciones graves de derechos humanos. «En muchos casos, este grave incumplimiento por parte del gobierno mexicano puede costar la vida o poner en riesgo la seguridad a las personas devueltas al país del que huyeron», sostuvo la organización internacional.
“Estas son historias trágicas de familias, niños, hombres y mujeres huyendo de la violencia extrema para salvar su vida. En lugar de brindarles la protección a la que tienen derecho, México está dándoles la espalda a esta gente en necesidad de manera ilegal,” señalóErika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional. La organización reseña el caso de un conductor de autobús a quien Amnistía Internacional entrevistó después de que se le negara la protección y fuera deportado de México a Honduras, donde lo mataron unos días más tarde.
Los países del denominado “Triángulo Norte” –Guatemala, El Salvador y Honduras– continúan sufriendo una situación de violencia generalizada, donde la tasa de homicidios es entre 4 y 8 veces más alta de lo que la Organización Mundial de la Salud considera niveles “epidémicos” de homicidio.
Amnistía Internacional observó que el 40% de las respuestas de 297 personas que habían sido detenidas por el INM aportaban indicios sólidos de que se había producido devolución (refoulement). Estos testimonios eran de personas que habían solicitado asilo de manera explícita o expresado temor por su vida en su país de origen, pero que a pesar de ello habían sido ignoradas por el INM y deportadas a su país.
Asimismo, Amnistía Internacional averiguó que el 75% de las personas detenidas por el INM no habían sido informadas de su derecho a solicitar asilo en México, a pesar de que la legislación mexicana dispone expresamente que se haga y de que las autoridades públicas aseguraron a Amnistía Internacional que se observaba esta disposición.