*Human Rights Watch retoma casos emblemáticos de ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
Ciudad de México, 18 de enero de 2018. Los abusos de miembros de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado, la impunidad en los casos Tlatlaya y Ayotzinapa, el uso habitual de la tortura y la Ley de Seguridad Interior y el espionaje a defensores y periodistas son algunos de los puntos negativos para México en el informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo de Human Rights Watch.
En el capítulo dedicado a México, la organización internacional destaca que, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, «miembros de las fuerzas de seguridad han estado implicados en graves y reiteradas violaciones de derechos humanos —incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y tortura— en el marco de acciones contra el crimen organizado», y destaca la falta de avances en la investigación de estos abusos.
La organización agrega que «desde 2006, y hasta julio de 2016, la CNDH había recibido casi 10.000 denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército, incluidas más de 2.000 durante el gobierno actual. Determinó que hubo más de 100 casos de violaciones serias de derechos humanos cometidas por militares». además, resaltó la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, «que autoriza la intervención militar en las actividades de seguridad pública internas —como la obtención de datos de inteligencia— sin prever medidas concretas para mejorar la rendición de cuentas».
En el informe, la organización incluye el hecho de que las autoridades mexicanas no han logrado avances en la determinación de qué ocurrió a 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos; indicó que la PGR no ha realizado una investigación exhaustiva tras las recomendaciones del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) y apuntó a que el 80 por ciento de los presuntos responsables detenidos en relación con el caso presentaban lesiones físicas probablemente causadas por maltratos y torturas. El organismo también resalta el hecho de que no se han formulado acusaciones contra autoridades estatales ni federales ni contra miembros de las fuerzas armadas, pese a los indicios de que estarían implicados.
«En el caso de Tlatlaya (…) nadie ha sido condenado. En mayo de 2016, un tribunal federal penal ordinario absolvió al último de ocho soldados imputados por homicidio. Sin embargo, en julio de 2017, un juez dispuso que la PGR investigara el caso en profundidad, incluida la responsabilidad de mandos militares y la manipulación de la escena del crimen. La PGR apeló la sentencia», indicó HRW.
En ambos casos, indicó la organización, se habría torturado a los presuntos responsables, un fenómeno que en México «es habitual».
Al retomar el tema de los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos, la organización destacó que una investigación llevada a cabo en julio de 2017 por Citizen Lab indicó que al menos 11 activistas de derechos humanos y periodistas (así como el hijo de 16 años de una periodista) y miembros del GIEI habían sido blancos de una campaña de espionaje llevada a cabo con un sofisticado software espía adquirido por el gobierno mexicano.
*El informe puede consultarse aquí