*Informe revela que son víctimas de violaciones a sus derechos debido a su condición: son detenidas arbitrariamente y no se respeta el debido proceso
Ciudad de México, 09 de enero de 2018. Agresiones, discriminación y fabricación de delitos, son algunos de los pesares por los que pasan en la frontera sur mujeres guatemaltecas, hondureñas y salvadoreñas que se han visto en la necesidad de abandonar sus lugares de origen debido a la pobreza y a la violencia.
Tras analizar seis casos, los cuales se presentan en el informe «Criminalización de mujeres migrantes«, elaborado por el Centro Prodh, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y Australia Aid, se da muestra de las fallas en los sistemas de administración y procuración de justicia, así como de las diversas violaciones a los derechos humanos de estas mujeres.
En prácticamente todos los casos, las víctimas fueron acusadas de la comisión de algún delito -generalmente trata de personas- tras operativos policiales en los cuales fueron privadas de su libertad, además de que se les obligó a firmar declaraciones fabricadas; cabe destacar que ninguna recibió asistencia consular, a pesar de ser una parte importante dentro del debido proceso.
Todas estas omisiones las dejaron en una situación vulnerable frente a las autoridades judiciales y ministeriales, lo que propició la criminalización y discriminación debido a que encontraban sin documentos al interior de un país ajeno; en cuatro de los casos, las mujeres recibieron una sentencia.
Pero las violaciones a los derechos humanos no sólo se presentan en el caso de las mujeres migrantes, sino que también sus familias son víctimas tras estas detenciones y acusaciones; el informe revela que la mayoría de ellas fungían como proveedoras en sus hogares, por lo que sus seres queridos son dejados en estado de indefensión al quedarse sin sustento; en otros casos, las detenciones se realizaron frente a sus familias, lo que les obligó a acompañar durante todo el proceso a las víctimas.
Es en este sentido, que los organismos que presentaron el documento giraron una serie de recomendaciones a autoridades locales -principalmente de Chiapas- y federales, como el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como a la Procuraduría y Comisión de Derechos Humanos estatales.
Entre ellas destacan la sensibilización en torno de la migración, así como de las condiciones que obligan a las personas a abandonar sus países de origen, esto con el objetivo de brindarles asistencia en lugar de darles un trato discriminatorio y criminalizador.
Asimismo, se les hace un llamado a generar políticas que garanticen su protección y la colaboración con la región centroamericana con el fin de que se trabaje en pro de la creación de condiciones que propicien la no migración; aunado a ello se exhorta a que el debido proceso de las personas migrantes detenidas tenga siempre presente la asistencia de cónsules así como de intérpretes, en caso de requerirlos.
Por otro lado, se recomienda a las autoridades revisar los protocolos de operativos para que no se cometan más detenciones arbitrarias ni fabricaciones de delitos bajo coerción, así como documentar y atender, de manera oportuna, las violaciones a los derechos humanos.