• Tras visita al país, Subcomité para la Prevención de la Tortura comprueba que las amplias facultades del ministerio público conllevan a actos de tortura
• Se falsifican certificados médicos para encubrir huellas de la tortura recibida en el momento de la detención y el traslado al lugar de reclusión
• Los arraigados llegan golpeados; abuso sexual contra mujeres
• Tortura y condiciones infrahumanas en los reclusorios generan más violencia
Tras una visita al país en 2008 -en la que acudió a 24 centros de detención en el DF y los estados de México, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca- el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU emitió en 2009 un informe de 87 páginas en el cual identifica numerosas fallas estructurales en el sistema penal mexicano que alientan la comisión de tortura. Es hasta un año después que el Estado ha dado a conocer el texto (el cual pretendía mantener bajo reserva) con motivo de un recurso promovido por esta Red ante el IFAI.
El Subcomité deplora las irracionalmente amplias facultades del ministerio público, declarando que el que los detenidos se queden bajo custodia del MP a pesar de ser éste una parte acusadora en el proceso, hacen que los agentes ministeriales cometan tortura para arrancar confesiones que luego pasan a ser pruebas, lo cual se constató a partir de “abundantes, sólidos y coincidentes elementos de juicio derivados de todo tipo de fuentes consultadas.” Esto se agrava a la luz del abuso reiterado de la “flagrancia” para detener arbitrariamente y luego poner al detenido a disposición del MP en vez de llevarlo ante un juez.
Con motivo de lo anterior, se señala la urgente obligación de eliminar las excesivas facultades del ministerio público en las etapas anteriores al juicio, garantizando que sean las autoridades judiciales las que ejercen el control sobre las detenciones y toman las declaraciones utilizadas como pruebas. El Subcomité insta al Estado a implementar el sistema acusatorio, pero precisa que éste sin más no bastará para corregir el problema de fondo: el que la autoridad ministerial tenga la custodia de las personas detenidas por amplios periodos de tiempo.
El Subcomité constató la falsificación de certificados médicos por peritos ministeriales con el fin de encubrir lesiones presentes a la llegada de los detenidos; algunos médicos confirmaron recibir órdenes para que falsifiquen los datos. Lo anterior reviste de especial gravedad puesto que es común que los abusos ocurren en el momento de la detención y posterior traslado.
El Subcomité documentó graves abusos a las personas arraigadas y que éstas habían sido amenazadas para que no hablaran con el Subcomité. En el Centro Nacional de Arraigo, de acuerdo con el propio registro médico, la mitad de los arraigados llegan con lesiones de origen reciente, con un promedio de 17 lesiones; la totalidad de los entrevistados denunció haber sido golpeada y una mujer denunció haber sido violada varias veces.
El Subcomité dedica un apartado a los grupos vulnerables como las personas indígenas, quienes de manera rutinaria son obligadas a firmar confesiones sin entender los delitos que se les imputan y sin contar con intérprete.
Finalmente, el informe hace un recuento de las condiciones en varios centros de detención, en los cuales se documentó la comisión de actos de tortura brutal, el hacinamiento y condiciones carcelarias infrahumanas, factores que califica de desencadenantes de violencia.
Ante el panorama de graves abusos documentados en cada etapa de la detención y reclusión de las personas privadas de libertad, expresamos nuestro más profundo rechazo y exigimos el cumplimiento de las recomendaciones del Subcomité. Consideramos urgente la eliminación de la tortura tanto desde el enfoque de los derechos humanos como cuestión de seguridad pública, puesto que la violencia estatal que se vive en los lugares de detención es totalmente contraria al fin de reinserción social, y propicia que las corporaciones encargadas de la persecución e investigación de los delitos no realicen sus funciones con la debida diligencia lo cual tiene como consecuencia investigaciones deficientes y poca seguridad.
En días recientes el Estado dio a conocer la existencia de un Plan de Acción para implementar las recomendaciones del Subcomité. Exigimos que dicho Plan se dé a conocer en forma completa y escrita y que el mismo se implemente con un enfoque en los mecanismos de control y rendición de cuentas, entre los cuales resaltamos el acotamiento de las facultades del ministerio público, la implementación de un registro de detenciones que cumpla con las recomendaciones del Subcomité y sobre todo la necesidad de investigar y sancionar todo acto de tortura, la cual actualmente se mantiene en la impunidad casi universal. En este sentido, recordamos que la respuesta del Estado ante numerosos órganos internacionales ha sido la de ofrecer cada vez más cursos de capacitación a los servidores públicos en materia de derechos humanos. Sin embargo, sería ingenuo creer que los actos de tortura a veces escalofriantes documentados por el Subcomité fueran producto de una mera falta de capacitación, puesto que no se requiere de conocimientos especializados del derecho para saber que tales actos son totalmente ilegales. Es en cambio el clima de impunidad absoluta y la estructura del sistema penal que alienta el uso de la tortura, los factores que más propician la comisión de la tortura, y que se deben atender de manera urgente.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”
Agenda LGBT, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos «Miguel Hidalgo», A.C. (Jacala, Hgo.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de Las Casas», A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria O.P.», A. C. (CDHFV) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez», A. C. (PRODH) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.); Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (Reynosa, Tamps.); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC) (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos «La Voz de los sin voz» (Coyuca de Benítez, Gro.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional «Justicia, Paz y Vida» (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos «Mahatma Gandhi», A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI) (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos «Fr. Pedro Lorenzo de la Nada», A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos «Sembrador de la Esperanza». A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (PRODESC) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tab.); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (TUDH) (Distrito Federal)