- Relator sobre Trabajadores Migrantes pide visitar México este año
- Comisionados expresan que la cifra de migrantes secuestrados es escalofriante y constituye una violación masiva de derechos humanos
En el marco de una audiencia pública del 138 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos efectuada el día 22 de marzo de 2010 en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos de América, las organizaciones de la sociedad civil firmantes de este comunicado presentamos la temática del secuestro sistemático y generalizado a personas migrantes en México, cometido por el crimen organizado con la complicidad de autoridades como producto de una política migratoria restrictiva y con escasa perspectiva de derechos humanos.
Al recibir la información, Felipe González, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relator para los Trabajadores Migrantes y sus Familias, señaló que la cifra presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 9,758 personas migrantes secuestradas en un lapso de seis meses es escalofriante y, por lo tanto, que el Estado debe redoblar esfuerzos para prevenir que esta situación se continúe reproduciendo. Asimismo, destacó la importancia que para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene el respeto a los derechos humanos de los defensores, por lo que conminó al Estado a facultar garantías de seguridad para la vida y el trabajo del Padre Alejandro Solalinde y del Albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca, así como del Padre Pedro Pantoja y del albergue Belén, Posada del Migrante, Frontera con Justicia, A.C. y Humanidad Sin Fronteras, A.C.
Por su parte, el Comisionado Rodrigo Escobar Gil, Relator para México, fue contundente al expresar que la situación de secuestros masiva y generalizada que sufren las personas migrantes en tránsito por México ha adquirido las características de una verdadera tragedia humanitaria. Particularizó que en el secuestro se violan absolutamente todos los derechos humanos, afectando no sólo a las víctimas, sino también a sus familias y a sus comunidades. Por estas razones, señaló que el Estado no debe sólo intervenir con medidas policíacas, sino que tiene, forzosamente, que ejecutar una política integral, involucrándose a partir de sus tres órdenes de gobierno para brindar, sobre todo, acciones de prevención y de atención integral a todas las problemáticas derivadas de esta grave violación a los derechos humanos.
Las organizaciones peticionarias hemos denunciado esta grave problemática desde hace más de tres años, sin que haya existido ninguna reacción eficaz del gobierno, lo cual ha desembocado en la persistencia de toda clase de abusos sexuales, tortura física y psicológica, asesinatos, extorsión, corrupción, privación ilegal de la libertad, explotación con fines laborales, sexuales, prácticas análogas a la esclavitud, tráfico de órganos e impunidad. Por lo tanto, pusimos en evidencia el incumplimiento del Estado mexicano a los instrumentos americanos de Derechos Humanos al consentir la comisión del secuestro, así como al no garantizar la protección y la defensa de los derechos humanos de las víctimas.
Asimismo, reiteramos que las y los defensores de los derechos humanos de las personas migrantes continúan siendo criminalizados y puestos en condiciones de extremo riesgo al no garantizárseles mecanismos de seguridad que permitan desarrollar labores de defensa y representación legal.
La delegación del Estado no contestó puntualmente a la información proporcionada por los peticionarios, rechazando, además, los calificativos expresados por los Comisionados de graves violaciones a los derechos humanos y de tragedia humanitaria; sin embargo, no aportó ningún argumento para demostrar lo contrario. Por no contar con los datos relevantes durante la audiencia, el Estado se comprometió a entregar un informe posterior sobre el tema.
Las organizaciones peticionarias estaremos pendientes de que se concrete la visita del Relator de Migrantes al país este año, para que pueda cumplir con su objetivo de recabar información de primera mano sobre la situación de vulnerabilidad y violencia extrema en la que viven las personas migrantes en tránsito por México y víctimas de secuestro.
Organizaciones que participamos en este proceso
y presentamos a la CIDH un informe específico en la materia:
1. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh)
2. Frontera Con Justicia, A.C.
3. Humanidad Sin Fronteras, A.C.
4. Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios
5. Casa del Migrante Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca
6. Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana
7. Servicio Jesuita a Migrantes México
8. Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova
9. Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios
10. Albergue de Nuestra Señora de Guadalupe, A.C. de Reynosa, Tamaulipas
11. Albergue Guadalupano de Tierra Blanca, Veracruz
Redes que se solidarizan con las organizaciones que presentaron
el informe ante la CIDH y se adhieren a este comunicado.
Foro Migraciones
Red nacional de la sociedad civil que trabaja por los derechos humanos de las personas migrantes,
Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos Para Todos y Todas
Organismo conformado por 69 organizaciones de todo el país