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El día de hoy se realizó la audiencia de vista en la apelación en el caso de Alberta Alcántara y Teresa González, acusadas del secuestro de seis AFIs
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer ayer que atraerá el recurso de apelación interpuesto por el Centro Prodh
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La Primera Sala de la SCJN tendrá oportunidad de evidenciar el uso indebido del delito de secuestro para criminalizar a quienes se oponen a los abusos de la autoridad
El día de hoy se realizó la audiencia de vista del proceso instaurado en contra de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, mujeres hñahñús acusadas de haber secuestrado a seis agentes federales de investigación el 26 de marzo de 2006 en la comunidad Santiago Mexquititlán, Querétaro, cuando estos agredían y pretendían extorsionar a algunos comerciantes. Ellas y Jacinta Francisco Marcial –exonerada en septiembre pasado de las mismas acusaciones– han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
Miembros de los Centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Jacobo Daciano –organizaciones que han asumido la defensa integral de ambas mujeres– acudieron a la diligencia realizada en el Tribunal Unitario de Circuito en el estado de Querétaro. La defensa entregó el escrito de agravios en el cual se afirma que no existió ningún secuestro y que, por lo tanto, ni Alberta ni Teresa pueden ser responsables de dicho delito.
A partir del anuncio realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se estará a la espera de que el Tribunal Unitario de Circuito envíe el expediente del caso a la Primera Sala del Máximo Tribunal, donde comenzará la discusión para resolver sobre la legalidad de la sentencia que el juez cuarto de distrito en el estado de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, impusiera de manera injusta el pasado 19 de febrero de 2010.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene ante sí la oportunidad de entrar al fondo del asunto conociendo las causas que motivaron la injusta encarcelación de Alberta y de Teresa. Lejos de haber sido secuestrados, los entonces agentes federales de investigación trataron de abusar de los comerciantes del tianguis de Santiago Mexquititlán, pero al ser increpados por la comunidad –que se defendió legítimamente– ofrecieron el pago en efectivo de los destrozos y daños ocasionados.
Los ministros de la Primera Sala deberán pronunciarse sobre el uso faccioso del tipo penal del secuestro, utilizado para penalizar injustamente a quienes defienden sus derechos o piden, como Alberta y Teresa, una justificación legal a las autoridades que con prepotencia pretenden cometer abusos. Criminalizar las acciones de descontento es una práctica que de ninguna manera se ajusta a las exigencias de un estado democrático de derecho.
En la reciente evaluación del Estado mexicano por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, este organismo advirtió de la injusticia que Alberta, Teresa y sus familiares sufren desde hace tres años y siete meses. También el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Parlamento Europeo se pronunciaron sobre el caso destacando las graves irregularidades del sistema de justicia que afectan, sobre todo, a las mujeres indígenas pobres.
Los Centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Jacobo Daciano reconocemos las múltiples muestras de apoyo de sectores sociales y actores políticos que se han sumado a la campaña emprendida por ambos centros y por Amnistía Internacional para lograr la absolución de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio. Convocamos a seguir exigiendo su libertad reconociendo que el caso de Alberta y Teresa es un ejemplo de cómo la Procuraduría General de la República fabrica pruebas para solapar las conductas ilícitas de algunos de sus funcionarios, y de cómo éstas son avaladas por algunos juzgadores, como el juez cuarto de distrito en el estado de Querétaro.
Sólo si se se reconoce y se sanciona a quienes aprovechan su autoridad para acusar y condenar injustamente a personas inocentes se evitará que nuevos casos como el de Alberta y Teresa surjan en el país.