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Familiares de 28 mineros, el Centro Prodh, el Cereal y el ENPL presentan la petición a fin de encontrar justicia y exigir la reparación integral del daño.
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Durante los cuatro años transcurridos el Estado se ha manifestado ineficiente y parcial ante las demandas de los familiares; la más insistente ha sido el rescate de los restos de los mineros fallecidos.
En el marco del cuarto aniversario de la explosión en la mina de carbón Pasta de Conchos, donde perdieron la vida 65 mineros, 235 familiares de 28 de ellos han presentado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acompañados por el Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo (Cereal), el Equipo Nacional de Pastoral Laboral (ENPL) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) a fin de encontrar justicia y la reparación integral del daño.
Durante los cuatro años transcurridos desde el 19 de febrero de 2006, fecha del siniestro, los familiares han acudido infructuosamente a las instancias nacionales a fin de solicitar que los responsables –la empresa Industrial Minera México (IMMSA) y las autoridades federales del trabajo- sean sancionados y los restos mortales de los mineros sean rescatados. No se trató de un evento imprevisible ni inevitable, los hechos fueron producto de múltiples y diversas irregularidades que procedían del año 2000 y fueron debidamente documentadas. Las autoridades laborales del ámbito federal actuaron de manera negligente e irregular: favorecieron a la empresa IMMSA, dueña de la mina y parte del Grupo México, en vez de exigir que ésta respetara las normas vigentes en materia de seguridad en los centros de trabajo. Las autoridades no dieron seguimiento puntual, rápido y efectivo a ninguno de los problemas detectados pese a las condiciones de alto riesgo que caracterizan la minería del carbón.
Hasta hoy las circunstancias del siniestro no han sido esclarecidas ni se ha reconocido oficialmente, a pesar de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que la explosión fue ocasionada por la negligente actuación del Estado -problemática que afecta ampliamente a la industria minera- y tampoco ha habido una reparación adecuada del daño.
Ante la ineficiencia de las instancias nacionales, los peticionarios buscamos que la CIDH declare que el Estado mexicano violó los derechos humanos de los mineros y sus familiares y recomiende la realización de una investigación seria, imparcial y eficaz para sancionar a los responsables de la muerte de los mineros. Resulta fundamental además el pronto rescate de los restos de los mineros fallecidos.
El Centro Prodh, el Cereal y el ENPL demandan al Estado mexicano por el incumplimiento de sus obligaciones ante la comunidad internacional. Por ser la industria minera una de las actividades más riesgosas y con un alto índice de siniestralidad, resulta fundamental que el Estado inspeccione debidamente –cumpliendo su deber de prevención- los lugares de trabajo a fin de salvaguardar la vida e integridad de los mineros.
Además, el Estado mexicano ha incumplido su deber de garantizar los derechos fundamentales: en el presente caso consideramos que han sido violados el derecho a la vida, a las garantías y protección judiciales y el derecho a la integridad personal en perjuicio de 28 mineros fallecidos y 235 familiares.
No se trata de un hecho aislado. La falta de acceso a la justicia en el presente caso es consecuencia de la constante desregulación en materia laboral y de la complicidad gubernamental y empresarial que permite evadir la responsabilidad de garantizar condiciones de seguridad e higiene que aseguren una fuente de trabajo digna acorde con el respeto pleno a los derechos humanos de los trabajadores. Ante la falta de acceso a la justicia en el país seguiremos insistiendo a fin de terminar con la impunidad que hoy distingue al Estado mexicano ante el mundo.