• En su informe mundial 2010, HRW destaca la impunidad por abusos militares actuales y durante la guerra sucia.
• AI acusa incapacidad del Estado mexicano para proteger a los defensores de DH frente a riesgos y agresiones.
El día de hoy el Estado mexicano ha sido severamente cuestionado por organismos internacionales de derechos humanos a través de informes que cuestionan la eficacia de sus acciones para garantizar la vigencia de los derechos humanos. Por una parte Human Rigths Watch, emite hoy su Informe Mundial 2010 que pone el énfasis en exigir que cese el apoyo médico para fomentar situaciones de tortura o tratos crueles o denigrantes, así como en la creciente vulnerabilidad que viven las y los defensores de derechos humanos, así como sus organizaciones en la actualidad. En este último punto coincide Amnistía Internacional (AI), quien el día de hoy presenta un informe sobre esta grave situación, pero enfocado a nuestro país. El informe de este organismo internacional con sede en Londres describe más de 15 casos de defensores que han sido víctimas de homicidio, agresiones, hostigamiento y amenazas o han sido encarcelados por cargos falsos entre 2007 y 2009 para impedirles que realicen su labor. Ambos organismos alertan sobre el Estado de los derechos humanos en México y aportan elementos que documentan, al menos, las omisiones del Estado en esta materia.
HRW destaca que existe un patrón mundial en el que ciertos “gobiernos abusivos” han intensificado ataques contra los defensores con el” objetivo de silenciar al mensajero, eludir la presión, para reducir el costo que acarrea la comisión de violaciones de los derechos humanos”. Para el caso de México retoma información de la ONU que ha “documentado 128 casos de violencia o intimidación contra defensores de derechos humanos mexicanos desde 2006, y 27 de ellos se produjeron durante la primera mitad de 2009”. También recuerda el asesinato de Manuel Ponce y Raúl Lucas en Ayutla, Guerrero. Pero el principal énfasis lo pone en la impunidad generada por parte del Estado mexicano al juzgar en el fuero militar a los elementos castrenses involucrados en violaciones a derechos humanos cometidas contra civiles, especialmente en el marco de los operativos contra el narcotráfico. A este respecto la Secretaria de Gobernación respondió rápidamente mediante un comunicado en el que con generalidades se pretenden desvirtuar las afirmaciones del organismo internacional. Segob señala que la participación de militares en seguridad pública es “temporal y subsidiaria, a petición fundada y motivada de las autoridades civiles”. De igual manera destaca su acuerdo de cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DH (OACNUDH). Finalmente HRW también denuncia la ineficacia del sistema de justicia penal y la impunidad prevaleciente en cuanto a los abusos cometidos en la llamada “guerra sucia”.
AI, por su parte, presentó hoy en México su informe “Exigiendo justicia y dignidad: Defensores y defensoras de los derechos humanos en México” en el que documenta, a través de 15 casos, la creciente vulnerabilidad a que se enfrentan los defensores de DH en México. Nancy Tapias Torrado, investigadora sobre defensores de los derechos humanos de Amnistía Internacional, afirma que “Defender los derechos humanos en México puede costar la vida, y el gobierno no está haciendo lo suficiente para resolver el problema”. El organismo considera que hay decenas de casos de este tipo, que muy pocos se investigan eficazmente y que aún menos se llevan ante la justicia. En ninguno de los incluidos –Afirma AI– en el informe se ha llevado a cabo una investigación completa, y sólo en dos de ellos se ha detenido a algún sospechoso.
AI destaca los casos de Obtilia Eugenio Manuel, fundadora y presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) en Guerrero, quien ha sufrido numerosas amenazas y hostigamientos desde 1998, así como el de Ricardo Murillo Monge, portavoz y miembro fundador de Frente Cívico Sinaloense, organización que también sufrió el atentado contra Salomón Monárrez, en agosto del 2009, y más recientemente el hostigamiento militar en contra de Mercedes Murillo, presidenta de dicho organismo. En esta misma semana el representante en México de la OACNUDH, Alberto Brunori visitó Culiacán y señaló que el 98% bde las agresiones contra periodistas y defensores se mantienen impunes.
