* “México está atrapado en una crisis de derechos humanos de una magnitud que parece no entender el presidente”, valora WOLA.
México, DF, 29 de enero de 2015. Human Rights Watch, la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), Amnistía Internacional (AI) y más de 70 organizaciones de la sociedad civil mexicana, como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, deploraron las conclusiones de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el paradero de los normalistas de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada los días 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.
El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, acompañado por Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la dependencia, dio una conferencia de prensa el 27 de enero para ofrecer la versión de la Procuraduría, consistente en que tiene “certeza legal” de que los 43 estudiantes fueron asesinados en el basurero de Cocula, y para insistir en que fueron calcinados y sus restos, arrojados al río San Juan. Familiares de los normalistas y sus defensores rechazaron el mismo día la versión oficial y sostuvieron que cuentan con elementos para no permitir que se cierre el caso; acusaron que hay una “prisa política” por dar por concluida la averiguación.
WOLA consideró “prematuro y alarmante” que se pretenda dar por concluida la investigación cuando todavía hay muchas preguntas. Acusó que el presidente Enrique Peña Nieto “claramente” quiere superar este caso, que ha herido “gravemente” tanto su popularidad interna como su credibilidad. Maureen Meyer, la Coordinadora Principal del Programa de México en WOLA, agregó que “declarar concluida la investigación sobre el caso Ayotzinapa cuando aún quedan varios pendientes por resolver, sólo reforzará la percepción de que el gobierno no está comprometido con el Estado de Derecho.”
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW, acusó negligencia en la investigación emprendida por la PGR y señaló que más que una verdad histórica, como señaló Murillo Karam, la información de la PGR es una “versión oficial”.
Al igual que las organizaciones mexicanas, AI criticó que hasta el momento ninguno de los detenidos haya sido sometido a proceso por cargos de desaparición forzada, “siendo que las obligaciones del Estado mexicano, de acuerdo con sus compromisos internacionales, así lo exigen”, y reclamó que se debe tomar en cuenta la petición de las propias víctimas en el sentido de que se investigue la participación del ejército, particularmente en un contexto en el que se ha documentado en diversas oportunidades el involucramiento, por acción u omisión, de agentes militares en abusos a los derechos humanos de la población civil.
Las organizaciones recalcan que la PGR otorga un peso excesivo a las declaraciones de los detenidos, y recuerdan que por el historial de México en maltrato a acusados de delitos, no se puede confiar a plenitud en las confesiones. “Hay acusaciones de que algunos de los detenidos en el caso fueron torturados”, insistió Meyer. “Es difícil confiar en su palabra”, agregó Vivanco.
Amnistía Internacional señaló, en una carta pública dirigida al Procurador, que “las probanzas señaladas por usted en su reciente conferencia de prensa podrían ayudar a confirmar que en el basurero del municipio de Cocula ocurrió un incendio en el que fueron destruidos restos humanos, pero la vinculación de ese hecho con los estudiantes desaparecidos se sostiene sólo por declaraciones autoinculpatorias, y con un mínimo de pruebas periciales”. La organización internacional también recuerda que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EEAF) aclaró que no participó en el hallazgo de los restos identificados como de Alexander Mora Venancio, uno de los normalistas, hecho en el que se basa la argumentación de la PGR para concluir que los demás restos humanos pertenecen a los otros jóvenes de Ayotzinapa.
Para WOLA, otro aspecto preocupante del anuncio del gobierno es que no se ha dado tiempo para que el grupo de expertos externos de asistencia técnica, cuyo apoyo fue acordado entre el Estado mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y representantes de las familias en noviembre, lleve a cabo su labor. “Parte de este convenio de colaboración es justamente analizar si se están agotando correctamente todas las líneas de investigación en la desaparición de los estudiantes”, recuerda Meyer.
Las organizaciones mexicanas denunciaron, en un comunicado público, que los estudiantes normalistas, madres y padres de familia, así como defensoras y defensores de derechos humanos que acompañan el caso, han sido objeto de campañas de difamación y desprestigio, agresiones físicas e intimidación “y su palabra y valoración no ha sido tomada en cuenta en las recientes acciones del Gobierno Federal”.
Las ONG demandaron, entre otras medidas. no cerrar el caso Ayotzinapa hasta que las familias tengan certeza científica y jurídica del paradero de sus hijos y hasta que todas/os los autores materiales e intelectuales sean sancionados; se creen mecanismos eficaces para garantizar la no repetición de los hechos; se agoten todas las líneas de investigación y se esclarezca la participación de la clase política, el Ejército y su vinculación con los grupos delincuenciales; se creen mecanismos institucionales para que los cuarteles militares sean abiertos e inspeccionados por los padres y madres de familia de los normalistas desaparecidos y sus representantes, a fin de garantizar el ejercicio de su derecho a la verdad y se cercioren si sus hijos se encuentran o no en dicho lugar, y que se respeten las valoraciones y los resultados de las investigaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y se garanticen las condiciones necesarias para que el Grupo Interdisciplinario de cooperación técnica que ha sido asignado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).