*Lamentan intento de dar “carpetazo” a la investigación. Los familiares tienen elementos objetivos para no creer en la conclusión de la Procuraduría, señala el Prodh
México, DF, 28 de enero de 2015. Basados en la falta de pruebas científicas y omisiones en la investigación de la Procuraduría General de la República, los padres y madres de los normalistas víctimas de desaparición forzada en Iguala rechazaron la conclusión del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, quien ayer sostuvo que existe certeza legal de que los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero. Acusaron que la motivación de las autoridades para cerrar el caso es que tienen “prisa política” ante la cercanía de las elecciones.
Familiares y el abogado Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señalaron que, dado el historial de coacción a detenidos de la Procuraduría General de la República (PGR), esperarán la realización de peritajes independientes y la pesquisa de organismos internacionales sobre la forma en que las autoridades mexicanas realizaron la investigación sobre los hechos.
El vocero de los familiares, Felipe de la Cruz, lamentó que las autoridades falten al compromiso firmado por el presidente Enrique Peña Nieto, en el sentido de que se les proporcionaría a los padres y madres de toda nueva información antes que a los medios de comunicación para evitar revictimizarlos. Agregaron en boletín de prensa que tampoco se cumplió con entregarles copias de todas las actuaciones en el expediente.
Los padres y madres de los normalistas señalaron fallas e inconsistencias en la investigación, como celulares que siguieron funcionando días después de la presunta incineración de los normalistas, testimonios sobre la falta de acción del ejército ante la colusión del cartel Guerreros Unidos, contradicciones entre las declaraciones sobre las que se asienta el caso, y la negativa del Procurador a indagar al ejército.
“Si lloramos no es porque estén muertos, sino porque los extrañamos”, ratificó la madre de uno de los jóvenes. Los defensores legales sostuvieron que no se puede concluir que existe certeza legal sobre la muerte de los jóvenes.
Los familiares sostuvieron que la conferencia de prensa ofrecida ayer por la PGR tiene el objetivo de disminuir la intensidad de las movilizaciones. El abogado Rosales advirtió que en Guerrero hay “visos de represión”, y pidió a la sociedad mantenerse atenta.
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Los 10 puntos para no cerrar el expediente
El día de hoy, la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer información vinculada con la investigación del paradero de los 43 estudiantes de Aytozinapa desaparecidos.
Frente a lo dicho por la PGR, las y los familiares de los 43 desaparecidos expresaron:
Los padres y madres de los estudiantes repudian que, contrario a los compromisos firmados por Enrique Peña Nieto, el gobierno priorice informar los avances del caso a los medios de comunicación antes que a las víctimas, situación que se acentuó en las últimas semanas. Además, dado que las autoridades incumplieron también con la entrega de copias de todas las actuaciones de los expedientes, los familiares desconocían a profundidad la información ofrecida a los medios por la PGR.
Para las familias de los estudiantes, la investigación sobre la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa no se puede cerrar por 10 razones:
- Porque no existe plena certeza científica sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula. La PGR dio a conocer hoy que su hipótesis se sostiene en varios dictámenes de química, biología y otros. Dado que es más que conocido que las procuradurías mexicanas son especialistas en fabricar delitos y puesto que reconocidos científicos han expresado dudas sobre esta hipótesis, las familias no aceptarán esos resultados hasta que expertos independientes realicen esos mismos peritajes. En ese sentido, reiteran su confianza en el Equipo Argentino de Antropología Forense y piden que se remuevan todos los obstáculos para que realicen su labor en condiciones óptimas.
- Porque la declaración de Felipe Rodríguez Salgado, contrario a lo señalado por la PGR, no es determinante para esclarecer lo ocurrido en Cocula pues como se aceptó en la misma conferencia, dicha persona no declaró haber permanecido en ese lugar durante todo el tiempo que supuestamente duraron los hechos.
- Porque la información dada a conocer por la Procuraduría depende en exceso de declaraciones rendidas ante Ministerio Público, que fácilmente pudieron ser coaccionados, pues es de todos conocidos que en México la tortura es recurrente. Al respecto, se ha hecho pública información sobre la tortura de algunos inculpados sin que hasta ahora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) haya intervenido para aclarar estas denuncias.
- Porque la PGR ni hoy ni en ninguna otra conferencia ha aclarado como explica en su teoría del caso el cruento homicidio de Julio César Mondragón, cuyo joven cuerpo desollado fue encontrado en las inmediaciones de donde ocurrieron los hechos.
- Porque el Estado mexicano, a cuatro meses de los hechos, se ha mostrado incapaz para detener a quienes según su hipótesis serían responsables. El Gobierno Federal no ha podido detener al máximo responsable de la corrupta policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez, ni a su cómplice y subalterno Francisco Salgado Valladares. Tampoco ha sido capaz de detener a Gildardo Astudillo, alias el Cabo Gil, personaje a quien la propia PGR asigna gran relevancia en su versión de los hechos. También siguen prófugos 11 de las 15 personas que según la procuraduría estuvieron en Cocula, lo mismo que el líder de Guerreros unidos, Ángel Casarrubias Salgado «El mochomo».
- Porque la PGR no ha logrado que exista un sólo juicio penal iniciado por el delito de desaparición forzada de personas, siendo que esta es la figura jurídica adecuada para encuadrar los hechos dado que como todo México ha exclamado. En tanto los juicios no se ventilen bajo las figuras legales pertinentes, no puede cerrarse el caso.
- Porque en el mismo expediente donde obran las declaraciones de los supuestos sicarios de Cocula, se encuentran agregadas las declaraciones de otros sicarios de Iguala que confesaron haber atentado contra los estudiantes no en Cocula sino en Pueblo Viejo y Cerro la Parota.
- Porque en sentido contrario a lo dicho en la conferencia de hoy, solo hay certeza de la muerte de uno de los estudiantes desaparecidos. Esto no implica certeza sobre la muerte de otros ni sobre el lugar donde esto pudo haber ocurrido. En ese sentido, es un error jurídico decir que se ha consignado por homicidio, cuando en realidad de nuevo se consignó por secuestro con la agravante de privación de la vida, lo que técnicamente implica una diferencia relevante.
- Porque no se ha indagado la responsabilidad del Ejército, pese a que contrario a lo que afirmó el Procurador, sí hay en el expediente indicios de su complicidad con la delincuencia organizada, pues el policía Salvador Bravo Bárcenas afirmó ante el Ministerio Público que el Ejército sabía desde 2013 que los Guerreros Unidos controlaban la policía de Cocula, pese a los cual las fuerzas Armadas no investigaron a dichos delincuentes, sino que les brindaron protección.
- Porque no ha empezado el deslinde de responsabilidades sobre el entorno de corrupción política que desencadenó los hechos del 26 de septiembre. Está pendiente investigar a otros alcaldes, como el de Cocula, así como a otras autoridades del gobierno del estado de Guerrero.
Ante la falta de justicia y verdad en México, los familiares acudirán a las instancias internacionales. Por ello, en breve una delegación irá ante el Comité sobre la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas a denunciar lo que ocurre en México.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha designado un grupo de expertos que a la brevedad deberá comenzar a realizar su verificación técnica de la investigación realizada por México; esta revisión es indispensable pues sabemos que encontrarán múltiples irregularidades.