*Acusaciones sólo se basan en declaraciones de policías y en informes que no vinculan en los hechos a las y los jóvenes
México, DF, 25 de noviembre. Organizaciones civiles que asumieron la defensa de siete de los once detenidos arbitrariamente tras la manifestación pacífica realizada en esta ciudad el pasado 20 de noviembre, externaron su preocupación respecto a las escasas y endebles pruebas que existen para inculpar por tentativa de homicidio, motín y asociación delictuosa a las y los detenidos, quienes permanecen en los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) 4 en Nayarit, y el 5, en Veracruz.
Las y los defensores de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD), Equifonía, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Cauce Ciudadano y de la Unión para la Defensa de la Vivienda, precisaron que las acusaciones se basan en la declaración de cinco policías, quienes dijeron haber detenido en flagrancia a 11 personas y el hecho de que varias de ellas “confesaron haber estado en la marcha”, señaló un comunicado.
Asimismo, las y los abogados expresaron que la evidencia en el lugar de los hechos también es escasa, pues, aunque se dijo en un inicio que las y los detenidos habían atentado en contra de un agente policiaco, “hasta el momento de la consignación, las lesiones del policía agredido no fueron certificadas y no existen rastros de los petardos, piedras y palos utilizados, pues al intentar recuperar esta evidencia la plancha del zócalo ya había sido limpiada”.
A pesar de ello y de que en ninguna de las personas consignadas se encontraron rastros de explosivos o detonación alguna, las autoridades determinaron que las tres detenidas y los ocho detenidos participaron en los supuestos hechos, y concluyeron que la intención era «quitarle la vida al policía».
Las y los defensores informaron que las autoridades concluyeron que las y los 11 detenidos estaban organizados en una asociación delictuosa basándose en dos informes: En uno se mencionó que en México existen grupos anarquistas; mientras que en el segundo se dijo que se estaba investigando a una persona por acciones “anárquicas y violentas”; no obstante, en ninguno de los dos es posible vincular a las y los jóvenes. Finalmente, “consideran como evidencia el hecho de que las personas detenidas, al hablar entre sí, se decían ‘compa’ y ‘compañeros’”.
En este sentido, las y los representantes de las organizaciones defensoras se han mostrado preocupados por la pobreza y escasez de evidencia utilizada para privar de la libertad a estas once personas, sobre todo en el contexto en el que se desarrollaron las detenciones, y que existen múltiples testimonios que indican la arbitrariedad con que actuaron los agentes policiacos en el momento de las detenciones.
De igual forma, “genera particular preocupación que los detenidos fueron negados del libre acceso a una defensa en las primeras y vitales horas de su detención. No ha sido sino hasta después de haber sido consignados y trasladados a un penal de máxima seguridad en los estados de Veracruz y Nayarit que las once personas detenidas han podido libremente ejercer su derecho a una debida defensa”, puntualizó el comunicado.
Por ello, se pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aplicar el Protocolo de Estambul a las y los detenidos, a fin de descartar la comisión de actos de tortura en su contra durante su detención, estancia en la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada (SEIDO) y en su posterior traslado a los penales de máxima seguridad.
14/OVH
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