*Sin pruebas, 11 jóvenes fueron consignados a penales federales por los delitos de asociación delictuosa, tentativa de homicidio y motín
Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF, 23 de noviembre. A raíz de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el pasado 27 de septiembre, en nuestro país se han llevado a cabo numerosas protestas motivadas por la exigencia de justicia y la presentación con vida de los jóvenes, sin embargo, durante estas se han documentado múltiples violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad, y el 20 de noviembre pasado, no fue la excepción, denunciaron organizaciones civiles.
El jueves, al finalizar la marcha en el DF, policías capitalinos y federales arremetieron contra las y los manifestantes que se encontraban en el Zócalo, dejando a varias personas lesionadas y otras tantas detenidas arbitrariamente, entre ellas, 11 jóvenes que fueron trasladados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada (SEIDO) —posteriormente acusados sin pruebas por terrorismo, motín, tentativa de homicidio y delincuencia organizada— y quienes ahora injustamente se encuentran en penales de máxima seguridad.
Miguel Moguel, colaborador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, denunció en conferencia de prensa, que las detenciones de Ramón Domínguez, Atzin Andrade, Juan Daniel López, Laurence Maxwell (ciudadano chileno cuya cancillería ya se encuentra intercediendo), Luis Carlos Pichardo, Francisco García, Hillary Analí González, Liliana Garduño, Hugo Bautista, Tania Ivón Damián y Roberto Jasso del Ángel, responden a un patrón sistemático de represión “con el que buscan mandar un mensaje a la sociedad de que la protesta social es mala y así desincentivarla”.
Tras una reclasificación de delitos, las y los jóvenes fueron consignados a los penales de Tepic, Nayarit —en el caso de Hillary, Liliana y Tania— y de Perote, en Veracruz —en el caso de los hombres— acusados de asociación delictuosa, tentativa de homicidio y motín; cargos por los que, de acuerdo con Francisco Cerezo, del Comité Cerezo México, se busca que no tengan derecho a fianza, que sean criminalizados y “para ocultar la verdad sobre el origen de las manifestaciones (…) intentar que veamos a otro lado para olvidar que en México se cometió un crimen de Estado”, dijo el defensor.
Asimismo, aseguró que el hecho de que las y los detenidos hayan sido trasladados a penales federales es una suerte de “castigo mayor por manifestarse”, para que así, al salir, debido al miedo, ya no ejerzan su derecho a la protesta social. Sin embargo, no sólo dicho derecho fue vulnerado, sino que tampoco se ha respetado el debido proceso de las y los jóvenes, pues, aunque se les asignó conforme a la ley un abogado de oficio, en la SEIDO les negaron el derecho a ver a sus propios abogados; además de que alrededor de la detención arbitraria de los 11, estuvo plagada de diversas fallas estructurales.
En este sentido, el abogado Jesús González, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD) precisó dichas fallas surgen desde el momento en que no se sabe si habrá o no presencia policiaca en las manifestaciones, además de que se ignora qué autoridades son las que orquestan los operativos para replegar a quienes asisten a ellas; en el caso de la marcha del 20 de noviembre, el defensor señaló que ya se pedirá a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dé información sobre éstos asuntos y sobre por qué elementos de ambas corporaciones incurrieron en un excesivo uso de la fuerza.
De igual forma, el abogado del IMDHyD señaló que otra irregularidad es la falta de pruebas en contra de las y los jóvenes detenidos, y que resulta preocupante que aun así hayan sido trasladados a los Centros Federales de Readaptación Social, y que, además, se les haya notificado a las familias y defensores del traslado, casi medio día después de que salieron de la SEIDO. Asimismo Jesús González agregó que consterna a las organizaciones el hecho de que todos los casos vayan a radicar en un Juzgado de Distrito de Veracruz (el 17), interrogante de la que no han tenido respuesta.
Finalmente, los representantes de la sociedad civil organizada preciaron que los casos de las y los detenidos el pasado 20 de noviembre se harán llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) así como al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el fin de que ambas instancias soliciten información al Estado mexicano sobre las violaciones a derechos humanos cometidas durante el operativo.