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Se destacan luchas por el derecho a la salud y a un medio ambiente sano.
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Reconoce que existe un contexto nacional negativo para los derechos humanos.
Jalisco es un Estado contrastante. Mientras sus gobernantes suelen dar la nota por exabruptos y posiciones conservadoras que suelen rayar en lo retrógrado, tiene un movimiento de derechos humanos articulado y coherente que si bien nada a contracorriente en las aguas de una opinión pública local poco activa y una nacional que no parece interesarse por lo que pasa más allá del DF, logra consolidar paulatinamente un discurso y una metodología que tienen muchas elementos que compartir con el resto del país. En este sentido el informe presentado el día de ayer por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) es un muy interesante ejemplo de colaboración entre organismos y activistas a favor de los derechos humanos para hacer visibles las principales problemáticas en el Estado de Jalisco.
El informe se compone por 14 artículos que abordan casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en dicha entidad, mismos que han sido redactados por actores tan diversos del movimiento jalisciense por los derechos humanos como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y el mismo CEPAD o investigadores como Alberto Bayardo Pérez Arce o Nora Berenice Lorenzana Aguilar, dentro de un grupo muy amplio y plural de redactores que enfocan una importante cantidad de situaciones violatorias de los DH.
Entre los casos más relevantes que aborda el informe, se encuentra el caso de la presa El Zapotillo, que recientemente ha sido objeto de distintas controversias ante la insistencia de las autoridades de inundar poblados en contra de la voluntad de sus habitantes. Este caso incluso fue abordado en las recientes audiencias del 137º periodo de sesiones de la Comisión IDH en Washington. También se trata el caso de una carretera que pretende construirse en territorios del pueblo wixárika de Santa Catarina Cuexcomatitlán y que ha despertado un importante apoyo del movimiento indígena nacional. No dejan de lado uno de los casos más sonados defendidos por el CEPAD, como el del víctimas de actos de corrupción de menores, tras el carpetazo de la CEDHJ, que exculpó al procurador Tomás Coronado, ni los efectos de la militarización en Jalisco que provocó incursiones ilegales en domicilios de la comunidad de Maltaraña. El informe puede ser descargado integro vía web de la página del CEPAD.